Megadecreto a Diputados: qué cambia en alquileres, prepagas y deudas en u$s

Un eventual rechazo del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados abriría un escenario de incertidumbre para hogares y empresas, especialmente en los mercados de alquileres, medicina prepaga y comercio exterior. Así lo advirtió un informe elaborado por el equipo de análisis jurídico y económico de Zentrix Consultora, que examinó las consecuencias de una posible derogación y concluyó que las leyes eliminadas por el decreto no recuperarían automáticamente su vigencia.

El Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024 y, si Diputados toma la misma decisión, quedaría derogado de acuerdo con la Ley 26.122. Sin embargo, el rechazo no anularía los contratos celebrados durante su vigencia ni restablecería por sí solo el marco normativo anterior. El estudio, actualizado al 6 de octubre, tomó como escenario hipotético una derogación con efectos desde el 15 de octubre de 2026.

Aunque el decreto impulsado por el gobierno de Javier Milei abarcó numerosas reformas, buena parte de sus disposiciones ya cuentan con respaldo legislativo independiente. Es el caso de la normativa laboral, actualmente regida por la Ley Bases y la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Lo mismo ocurre con las privatizaciones y los cambios en materia energética. Por eso, una derogación no modificaría las indemnizaciones, los costos laborales ni las principales reformas de esos sectores.

Alquileres y contratos en dólares, entre los más expuestos

Uno de los principales focos de incertidumbre aparece en el mercado inmobiliario. El DNU eliminó la Ley 27.551 y habilitó a propietarios e inquilinos a negociar libremente los plazos, la moneda de pago y los mecanismos de actualización de los contratos.

Si el rechazo legislativo derivara en la restitución del régimen anterior, los nuevos alquileres volverían a tener un plazo mínimo de tres años y ajustes regulados. Según el análisis de Zentrix, esa modificación podría reducir la oferta de propiedades, impulsar los alquileres temporarios y elevar los valores iniciales de los contratos.

El estudio identificó a Rosario entre los grandes centros urbanos donde estos cambios tendrían mayor incidencia. Para quienes ya alquilan, un esquema regulado puede aportar previsibilidad, mientras que aquellos que buscan vivienda enfrentarían mayores dificultades de acceso. Los contratos celebrados bajo el DNU conservarían sus condiciones, por lo que podrían convivir hasta tres regímenes diferentes.

Otra modificación sensible alcanza a las obligaciones pactadas en moneda extranjera. Actualmente, quien contrae una deuda en dólares debe cancelarla en esa misma moneda. Si recuperara vigencia la redacción anterior del Código Civil y Comercial, volvería a discutirse la posibilidad de pagar el equivalente en pesos.

Para las empresas, el cambio podría traducirse en mayores costos de financiamiento, plazos más cortos y exigencias adicionales de garantías. El impacto alcanzaría a operaciones inmobiliarias, compra de maquinaria agrícola, bienes de capital y contratos comerciales de largo plazo.

Prepagas y exportaciones, otros dos frentes abiertos

En el sistema de salud privada, el eventual retroceso de las reformas podría devolver al Estado la facultad de autorizar los aumentos de las cuotas. El DNU había eliminado ese mecanismo y permitido que los trabajadores derivaran directamente sus aportes a las empresas de medicina prepaga.

La consultora planteó que un regreso a los controles de precios ofrecería mayor previsibilidad a los afiliados, aunque también podría generar dificultades financieras para clínicas, sanatorios y prestadores. Entre los posibles efectos mencionó mayores copagos, restricciones en las cartillas y demoras en las prestaciones.

Además, las obras sociales sindicales podrían recuperar parte de los aportes que actualmente reciben las prepagas. Los traspasos ya realizados deberían mantenerse, pero las nuevas derivaciones quedarían condicionadas por la definición del marco legal.

El tercer frente de mayor exposición es el comercio exterior. Actualmente, el DNU establece que las restricciones económicas a exportaciones e importaciones deben disponerse mediante una ley. Si se restableciera el régimen anterior, el Poder Ejecutivo podría recuperar la facultad de aplicar esas limitaciones por decreto.

El informe tomó como antecedente las restricciones a las exportaciones de carne de 2021 y advirtió que la sola posibilidad de nuevas intervenciones puede afectar las decisiones de inversión de las empresas exportadoras.

También podrían regresar los registros obligatorios para importar y exportar, junto con mayores restricciones al retiro de mercaderías de los puertos cuando existen controversias aduaneras. Para las pymes y los nuevos operadores, eso implicaría mayores costos administrativos, logísticos y financieros.

Qué sectores podrían beneficiarse

No todas las consecuencias serían desfavorables para el sector privado. El análisis identificó actividades que podrían recuperar beneficios regulatorios si el Congreso decidiera restituir las normas anteriores.

El régimen de Compre Argentino volvería a otorgar preferencias a proveedores nacionales en las compras del Estado, favoreciendo a industrias y pymes locales, aunque con un posible incremento del gasto público.

Los comercios también podrían recuperar los topes a los aranceles cobrados por las tarjetas de crédito. En contrapartida, las entidades emisoras tenderían a compensar esos menores ingresos mediante otros cargos aplicados a los usuarios.

Por su parte, la Ley de Góndolas podría restablecer espacios reservados para pequeñas empresas, cooperativas y productores de la agricultura familiar en las grandes cadenas comerciales. En la actividad yerbatera, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recuperaría la facultad de establecer precios de referencia para la materia prima.

Otro punto bajo análisis es la eventual recuperación de las herramientas previstas en la Ley de Abastecimiento, que permitirían al Estado intervenir sobre precios, márgenes comerciales y condiciones de producción y distribución. Su impacto dependería de que esas facultades fueran efectivamente restituidas y utilizadas.

El costo de no saber qué reglas rigen

Más allá de los cambios sectoriales, Zentrix identificó la incertidumbre jurídica como el principal riesgo de una derogación. El informe consideró que, sin una legislación que ordene la transición, empresas y particulares podrían postergar inversiones, contratos y operaciones comerciales hasta conocer las nuevas condiciones.

El problema también alcanzaría a los registros del automotor, cuyo esquema de digitalización y simplificación de trámites depende parcialmente del decreto. Una eventual recuperación de las restricciones anteriores podría encarecer las transferencias de vehículos y devolver mayor protagonismo a los registros seccionales.

En términos generales, la consultora descartó que el rechazo produzca por sí mismo un cambio económico de alcance macroeconómico. El régimen cambiario, la política monetaria, los impuestos y las principales disposiciones laborales continuarían bajo sus respectivos marcos normativos.

El impacto, en cambio, se concentraría en mercados sensibles para el bolsillo de los consumidores y en actividades productivas que necesitan previsibilidad para invertir. Para las pymes, el balance sería dispar: podrían recuperar ventajas en compras públicas, góndolas y medios de pago, pero enfrentar mayores obstáculos para exportar y acceder a financiamiento en dólares.

El informe concluyó que el desafío central recaería sobre el Congreso, que debería definir qué disposiciones recuperan vigencia y cómo se aplican a los contratos existentes. Sin esa intervención, los conflictos quedarían sujetos a interpretaciones judiciales, con el consecuente incremento de los litigios y de los costos para empresas y particulares.