En ausencia de consensos políticos firmes y previsibilidad institucional, el superávit puede diluirse tan rápido como se construye.
El cierre de septiembre exhibió nuevamente la vulnerabilidad estructural de la economía argentina frente a la incertidumbre política. Las tensiones cambiarias, el aumento del riesgo país y la caída de los activos financieros pusieron en evidencia cómo los factores de gobernabilidad pueden condicionar, e incluso anular, los avances obtenidos en materia fiscal y externa.
La reacción de los mercados tras los comicios legislativos en la Provincia de Buenos Aires fue inmediata: dolarización de carteras, incremento del riesgo país y necesidad de intervención oficial para contener al tipo de cambio dentro de la banda. Este episodio confirmó que, en economías de alta nominalidad y credibilidad limitada, las expectativas políticas ejercen una influencia determinante sobre las variables macroeconómicas.
En ese contexto, las medidas de emergencia —como la reducción temporal a cero de las retenciones a las exportaciones agropecuarias— lograron un alivio parcial. Las liquidaciones del sector generaron una inyección inmediata de divisas, lo que permitió fortalecer transitoriamente las reservas internacionales y reducir los spreads soberanos. Sin embargo, este flujo resultó efímero: en pocos días se agotó el cupo previsto y retornaron las presiones cambiarias, dejando en evidencia la falta de un anclaje político y macroeconómico sostenible.
El entendimiento alcanzado con Estados Unidos ofreció una ventana de estabilización temporal, al mejorar la percepción de respaldo externo y reducir el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos básicos. Pero la falta de claridad en el rumbo económico y la reversión de medidas liberalizadoras deshicieron rápidamente esos avances.
Desde una perspectiva técnica, el análisis de las reservas internacionales confirma su rol central como amortiguador de riesgo. La evidencia empírica muestra una correlación negativa entre el nivel de reservas y el riesgo país: mayores reservas tienden a reducir la probabilidad de crisis y comprimir los spreads soberanos. No obstante, la recomposición de las reservas requiere tiempo, consistencia de políticas y, sobre todo, credibilidad política.
Argentina enfrenta así un dilema clásico: la acumulación de reservas puede lograrse a distintos costos cambiarios y sociales, dependiendo del marco de expectativas. Un consenso político amplio y coherente, acompañado de una política fiscal prudente, podría sostener la demanda de pesos y mejorar el acceso a financiamiento externo. En ese escenario, la recomposición de reservas podría realizarse de manera gradual, sin necesidad de un tipo de cambio fuertemente depreciado.
Por el contrario, la erosión del consenso y la incertidumbre sobre la continuidad del orden macroeconómico incrementan la prima de riesgo y obligan a adoptar un sendero devaluatorio más agresivo. En ausencia de financiamiento, el Gobierno se ve forzado a utilizar las reservas para atender compromisos externos, acentuando la presión sobre el mercado cambiario y deteriorando las condiciones sociales por el traslado a precios.
La historia argentina ofrece un precedente elocuente. A comienzos del siglo XXI, un contexto internacional favorable y una política fiscal prudente permitieron recomponer los fundamentos macroeconómicos tras la crisis. Sin embargo, la posterior expansión del gasto público sin respaldo productivo erosionó aquel superávit. Si, una vez más, el sistema político confunde la transitoriedad de la bonanza con un cambio estructural, el ciclo de inestabilidad volverá a repetirse.
En síntesis, el superávit fiscal no se destruye en los balances, sino en la arena política. El desafío no radica sólo en equilibrar las cuentas, sino en sostener ese equilibrio frente a las tensiones distributivas y electorales. La estabilidad macroeconómica en Argentina sigue dependiendo, más que de la técnica, de la política. Y cuando el déficit político prevalece, inevitablemente termina por matar al superávit fiscal
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