La ausencia de una firma conspira contra la entrada de autos híbridos al país

Las automotrices enfrentan una nueva complicación debido a la demora en la firma de un decreto que afecta el ingreso de vehículos del exterior, en medio de las dificultades para acceder a los dólares para importar.

Se trata de la renovación del cupo para importar automóviles híbridos y eléctricos, que establece incentivos para promover estos modelos "ecológicos" y contribuir a la mejora del medio ambiente.

Desde mediados de marzo, la norma que permitía la importación de estos vehículos dejó de tener efecto, lo que ha resultado en la paralización del ingreso de estas unidades al país.

El decreto anterior, que quedó sin efecto hace más de dos meses, otorgaba beneficios arancelarios a los autos con motorizaciones menos contaminantes. Los modelos híbridos gozaban de un arancel aduanero del 5%, mientras que los vehículos eléctricos solo pagaban el 2%, en comparación con el arancel normal del 35%.

Por otro lado, los vehículos fabricados en el país estaban exentos de este impuesto para la importación de componentes.

Sin embargo, al haber expirado el decreto que establecía estos beneficios, las automotrices se ven obligadas a asumir el costo total de los impuestos si desean importar estos vehículos en la actualidad. En la práctica, ninguna empresa nacionalizará autos bajo estas condiciones de mayor costo cuando se espera un nuevo decreto que extienda los beneficios fiscales.

Según fuentes del sector automotor, el nuevo decreto se encuentra en proceso de firma y sigue los trámites burocráticos para su promulgación. No obstante, la demora en su publicación ha generado obstáculos en las operaciones.

Se espera que la renovación del cupo se establezca por un período de 12 meses y un límite de alrededor de 1,400 unidades.

Inicialmente, este sistema debía incorporarse a la Ley de Electromovilidad, la cual se supone que debería haber sido sancionada por el Congreso en este punto. Sin embargo, las diferencias entre las partes involucradas han impedido llegar a un consenso sobre un proyecto común.

El incentivo para este tipo de vehículos se estableció en 2017 con el objetivo de impulsar las nuevas tecnologías no contaminantes y atraer inversiones. Posteriormente, se decidió incluirlo dentro de una legislación más amplia para el sector. Durante la gestión del ex ministro Matías Kulfas, se elaboró un proyecto de ley que no ha sido tratado.

Las terminales automotrices agrupadas en ADEFA tienen su propio proyecto, diferente al impulsado por el ex funcionario. Hace dos meses, el gobierno actual anunció que presentaría una nueva iniciativa, pero la situación política actual hace difícil que se discuta en los próximos meses.

Es por eso que el decreto en cuestión adquiere tanta importancia, ya que es la única forma de mantener vigentes los incentivos.

Desde 2017, se han importado más de 5,000 vehículos de este tipo. Aunque es un número incipiente, la demanda es mayor, pero se ve limitada por el sistema de cupo, la falta de infraestructura y los problemas relacionados con la falta de acceso a los dólares para importar.

Las empresas automotrices argumentan que es difícil desarrollar infraestructura y atraer inversiones si no hay un mercado establecido, y por eso se debe seguir estimulando la importación.

Detrás de este tema también hay diversos intereses en juego, que van desde la disputa entre las automotrices tradicionales y las empresas chinas (estas últimas buscan operar como armadurías sin integración de partes locales), hasta los intereses de las provincias que desean proteger sus recursos naturales para favorecer tecnologías específicas (las opiniones varían según si tienen litio, petróleo, gas o caña de azúcar), así como las empresas petroleras o de electricidad que no quieren quedar excluidas del negocio.