El programa económico debe conectar con la economía real

El año 2025 se caracterizó por una elevada volatilidad macrofinanciera asociada al calendario electoral y a la persistente incertidumbre sobre la continuidad del programa económico. Sin embargo, tras la definición legislativa de octubre y la recalibración del régimen monetario anunciada en diciembre, comenzaron a observarse señales de estabilización: compresión del riesgo soberano hacia niveles inferiores a los 500 puntos básicos, recomposición incipiente de reservas internacionales y relativa estabilidad del tipo de cambio nominal en términos multilaterales. En conjunto, estos factores configuraron un cierre de año con menor fragilidad financiera respecto del punto de partida.

En este marco, 2026 se perfila como una fase de consolidación macroeconómica, cuyo eje ordenador continúa siendo el ancla fiscal. La persistencia del superávit primario —resultado de un ajuste significativo del gasto real y de la recomposición de ingresos tributarios durante 2024-2025— reduce las necesidades de financiamiento monetario, mejora la dinámica de sostenibilidad de la deuda pública y contribuye a la reducción de la prima de riesgo. La aprobación de un presupuesto consistente con este sendero refuerza el marco intertemporal de expectativas y opera como mecanismo de coordinación macroeconómica.

Reformas estructurales, productividad y financiamiento

La trayectoria macroeconómica de 2026 dependerá críticamente del avance de la agenda legislativa orientada a modificar determinantes estructurales del crecimiento. Entre los ejes principales se destacan:

-Reforma laboral con reducción de costos no salariales y mayor flexibilidad organizacional, con potencial impacto positivo sobre productividad, formalización y elasticidad empleo-producto.

-Estabilidad y simplificación tributaria, destinada a disminuir la incertidumbre regulatoria y el costo de capital relevante para decisiones de inversión de mediano plazo.

-Profundización del sistema financiero y del mercado de capitales, condición necesaria para sostener la expansión del crédito al sector privado en un contexto de restricción al financiamiento monetario del fisco.

La materialización de estas reformas aumentaría la probabilidad de consistencia del régimen monetario vigente, ampliaría el acceso al financiamiento soberano y corporativo y reduciría la vulnerabilidad frente a shocks de liquidez externa.

Transformación productiva y restricción externa

Más allá de la coyuntura, la economía atraviesa un proceso de cambio estructural en su matriz exportadora. Durante el bienio 2024-2025 se consolidó el protagonismo relativo de los complejos energético y minero en la generación de divisas:

-La expansión de la producción no convencional en Vaca Muerta elevó los volúmenes exportables de petróleo y gas natural.

-Los proyectos de litio y cobre en el noroeste y la Patagonia avanzaron en inversión y capacidad productiva.

-La canasta exportadora evidenció mayor diversificación respecto de ciclos históricos dominados por el complejo agroindustrial.

Este reordenamiento tiende a relajar la restricción externa, al generar flujos de divisas más estables, menos dependientes de shocks climáticos y con mayor contenido de productividad. A su vez, una estructura exportadora más robusta habilita trayectorias de tipo de cambio real menos volátiles y mejora la previsibilidad macroeconómica para decisiones de inversión y consumo intertemporal.

Heterogeneidad sectorial y dinámica del mercado laboral

Con la incertidumbre electoral despejada, la dinámica del consumo privado podría reingresar gradualmente en una trayectoria expansiva. Para 2026, los determinantes tradicionales de la demanda agregada —ingreso real disponible, crédito y expectativas— muestran condiciones incipientes de recomposición. En línea con ello, el Relevamiento de Expectativas de Mercado anticipa un escenario de crecimiento del PIB dentro de un rango interpercentil de entre 2,5% y 4,5%, sin proyecciones recesivas entre los más de cuarenta analistas relevados. Dado el vínculo empírico entre expansión del producto, creación de empleo y recuperación del salario real, este sendero sugiere una continuidad en la mejora del mercado laboral y, por esa vía, un sostén adicional para el consumo agregado en Argentina.

No obstante, la evidencia reciente indica que dicha recuperación tendería a exhibir marcadas heterogeneidades sectoriales. Según los registros administrativos del empleo privado formal hasta septiembre, los mayores incrementos de salarios reales se concentraron en intermediación financiera (9,3%), salud y servicios sociales (3,9%) y actividades agropecuarias (3,5%), mientras que la minería —sector de elevado dinamismo macroeconómico— registró una suba más moderada (2,1%). En contraste, las caídas reales más pronunciadas se observaron en hoteles y restaurantes (-7,0%), pesca (-2,0%) e industria manufacturera (-1,3%). Por su parte, comercio (0,2%) y construcción (0,3%), ramas con elevada intensidad de empleo, mostraron variaciones prácticamente estancadas y por debajo del promedio general de remuneraciones reales (0,6%).

Este patrón sugiere que la transmisión del crecimiento hacia el ingreso laboral continuará siendo parcial y no uniforme, configurando un escenario en el cual la expansión del consumo dependerá no solo del ritmo agregado de la actividad, sino también de la velocidad de convergencia salarial entre sectores transables dinámicos y actividades intensivas en mano de obra. 

Esta divergencia sectorial se traslada al mercado de trabajo mediante:

-Recuperación salarial real heterogénea, concentrada en sectores transables dinámicos.

-Baja intensidad relativa de empleo en actividades extractivas de alta productividad.

-Ajustes en horas trabajadas o remuneraciones en ramas intensivas en mano de obra con menor dinamismo.

El resultado es una tensión distributiva característica de los procesos de cambio estructural: la reasignación de recursos hacia sectores más productivos mejora la solvencia externa, pero no garantiza una expansión inmediata y generalizada del empleo formal ni de los ingresos reales.

Entorno internacional y ventana de oportunidad

El escenario global introduce un sesgo relativamente favorable. La transición energética sostiene la demanda de gas natural y minerales críticos —en particular litio y cobre—, mientras que la reconfiguración geopolítica de cadenas de suministro impulsa la diversificación de proveedores. En este contexto, el país mejora su posicionamiento como oferente de recursos estratégicos, lo que incrementa la probabilidad de acumulación sostenida de divisas y estabilidad cambiaria.

Condiciones de sostenibilidad macroeconómica y social

El inicio de 2026 muestra fundamentos macroeconómicos más sólidos que los observados un año atrás: superávit fiscal primario, menor riesgo soberano, recomposición gradual de reservas y avance —aún parcial— de reformas estructurales. Sin embargo, la sostenibilidad de largo plazo del proceso de estabilización no dependerá exclusivamente de la consistencia macrofinanciera, sino de su capacidad para traducirse en mejoras tangibles y socialmente difundidas.

En términos analíticos, la consolidación del modelo exige articular tres dimensiones simultáneas:

-Estabilidad nominal persistente, que reduzca la incertidumbre y permita la planificación intertemporal.

-Crecimiento basado en productividad y exportaciones, capaz de sostener el equilibrio externo sin recurrir a ciclos de endeudamiento.

-Difusión distributiva del progreso económico, mediante expansión del empleo formal, recuperación sostenida del salario real y convergencia regional.

En este sentido, 2026 no constituye únicamente un punto de llegada del proceso de estabilización, sino una fase de verificación estructural: el momento en que la coherencia entre disciplina macroeconómica, transformación productiva y legitimidad social determinará si el sendero iniciado puede evolucionar hacia un régimen de crecimiento sostenido. La resolución de esa ecuación —más que la dinámica coyuntural de corto plazo— definirá la verdadera consolidación del programa económico.