Economía

En la nueva licitación

El presidente quiere que el Estado sea el que cobre el peaje de la Hidrovía

Por Redacción

Los dichos de Fernández están en sintonía con los referentes del kirchnerismo más duro y generan rechazo entre los usuarios del canal navegable. 

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que tiene planes de que el peaje de la Hidrovía del Paraná pase a ser controlado por el Estado nacional en el proceso licitatorio que se instrumentará este año.

“Hoy en día lo que sería el peaje de la Hidrovía lo cobra el concesionario y después le rinde cuentas al Estado. Lo que podríamos hacer es cambiar esa regla: que el Estado cobre el peaje y después le pague al concesionario”, comentó Fernández en una entrevista concedida anoche al militante Pedro Rosemblat en su canal de YouTube. “Eso lo podemos hacer y eso lo vamos a hacer”, afirmó.

El presidente remarcó que todas las provincias lindantes con la Hidrovía del Paraná participarán “en la licitación, la adjudicación y la administración de eso ríos; hasta ahora eso lo hacía el Estado nacional y ahora no va a ser así”.

Por último, Fernández indicó –en respuesta a los kirchneristas que sostienen que el Estado debería hacerse cargo de la concesión misma– que en la Argentina “no tenemos la maquinaria y la tecnología necesaria” para esa tarea.

La gestión del servicio prestado por Hidrovía S.A. –concesión que venció el pasado 30 de abril y fue prorrogada por 90 días– se abona con recursos provenientes del sector agroindustrial argentino, dado que la compañía cobra un peaje de 3,06 dólares por tonelada de registro neto embarcada, el cual es abonado por las empresas exportadoras y descontado del valor FOB de los granos al momento de confeccionar el precio FAS (el que reciben los productores).

Fernández, tal como vienen sosteniendo diferentes referentes kirchneristas, indicó que está de acuerdo con estatizar el peaje del servicio de dragado del canal fluvial, lo que genera rechazo en el sector agroindustrial por las implicancias que podría tener esa intermediación.

Eso porque existe la posibilidad de que ese instrumento sea empleado con fines recaudatorios por parte del gobierno, además del hecho de que eventuales retrasos en los pagos realizados al concesionario podrían afectar la continuidad del servicio.

Vale tener en cuenta que en los últimos quince años un 0,5% de lo recaudado por el peaje de la Hidrovía se destina al Estado nacional para la creación de un órgano de control del servicio prestado por el concesionario, aunque eso aún no ocurrió.

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