El Gobierno elimina un trámite clave para exportar petróleo y combustible

El Gobierno dio un nuevo paso en su política de desregulación y simplificó el esquema para exportar petróleo, gas y sus derivados. A través de la Resolución 166/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía unificó en un único procedimiento normas que hasta ahora estaban dispersas en tres resoluciones, una de ellas vigente desde hace más de tres décadas.

El cambio más importante es que desaparece el sistema de autorización previa. Desde ahora, las exportaciones quedarán habilitadas mediante una declaración jurada y el Estado solo podrá intervenir de manera excepcional, si detecta riesgos para el abastecimiento del mercado interno y presenta una objeción debidamente fundamentada.

Hasta ahora, las empresas que querían exportar petróleo, naftas, gasoil, propano, butano o GLP debían ofrecer previamente esos productos en el mercado local antes de iniciar el trámite de exportación. Ese mecanismo, vigente desde 2017 y ampliado en 2023 para el crudo transportado por oleoductos internacionales, implicaba un paso adicional que, según el Ejecutivo, ya no cumplía con el objetivo para el que había sido creado. Además, seguían vigentes exigencias administrativas de una resolución de 1994 que obligaban a presentar información que las compañías ya reportaban por otras vías.

Con el nuevo esquema, ese requisito desaparece. El exportador únicamente deberá informar la operación y la Secretaría de Energía tendrá un plazo de 30 días para objetarla si considera que puede afectar el abastecimiento interno por razones técnicas o económicas. Si no hay observaciones dentro de ese período, la autorización quedará concedida de manera automática.

La normativa también crea un Registro de Operaciones de Exportación, que centralizará todas las notificaciones, objeciones y constancias de libre exportación, dejando sin efecto las tres resoluciones que regulaban hasta ahora el procedimiento.

La decisión se enmarca en la política de apertura económica impulsada por el Gobierno a partir de la Ley Bases y el DNU 70/2023. Ambas normas ya reconocían el derecho de productores y comercializadores a exportar hidrocarburos, siempre que no existieran razones fundadas para restringir esas operaciones. La diferencia es que ahora el control deja de ser previo y pasa a ser excepcional.

La flexibilización llega en un momento de fuerte crecimiento para el sector energético. La producción de petróleo superó por primera vez los 900.000 barriles diarios, alcanzando los 903.700 barriles, un 19,6% más que un año atrás. El principal motor sigue siendo Vaca Muerta, que ya representa cerca del 70% de la producción nacional y fue clave para que el país incrementara su extracción de crudo un 76% en los últimos cinco años.

Ese mayor nivel de producción también se refleja en la balanza comercial. Durante el primer semestre, el complejo de combustibles y energía registró un superávit cercano a los u$s6.000 millones, el mejor resultado del siglo y uno de los principales aportes al saldo comercial positivo de la Argentina.

Con nuevos proyectos de infraestructura en marcha, como el oleoducto Vaca Muerta Sur, que ampliará la capacidad de transporte, el sector estima que la producción nacional podría alcanzar el millón de barriles diarios entre fines de 2026 y comienzos de 2027. En ese escenario, el Gobierno considera que el principal desafío ya no pasa por la capacidad productiva, sino por eliminar trabas regulatorias que permitan sostener las inversiones y aprovechar el potencial exportador del sector.