El Gobierno activa la licitación de la Circunvalación por 30 años

La Nación puso en marcha el proceso para concesionar por tres décadas la avenida de Circunvalación de Rosario, en el marco de un nuevo esquema de gestión vial que transfiere al sector privado la operación, el mantenimiento y la explotación de corredores estratégicos. El paquete incluye también la autopista Rosario–Buenos Aires y tramos clave de la ruta nacional 33.

La convocatoria forma parte de una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, el programa oficial con el que el Ejecutivo busca reemplazar el actual modelo de gestión estatal por uno basado en inversión privada y financiamiento a través del cobro de peajes. Según los pliegos, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo de la puesta en valor integral de las trazas, su mantenimiento rutinario y las obras de mejora que se establezcan contractualmente, sin subsidios del Estado.

En el caso de Rosario, la inclusión de la Circunvalación no es un dato menor. Se trata de uno de los corredores urbanos más transitados del país, eje del transporte pesado vinculado al cordón industrial y a la actividad portuaria del Gran Rosario. El deterioro de la calzada, los problemas de señalización y la falta de mantenimiento sostenido fueron motivo de reiterados reclamos de usuarios, entidades empresarias y gobiernos locales.

La concesión prevé intervenciones estructurales en distintos tramos, mejoras en accesos y la posibilidad de reinstalar o modernizar estaciones de peaje como mecanismo de repago de la inversión. El plazo de hasta 30 años apunta a dar previsibilidad a los operadores privados para amortizar obras de magnitud.

El paquete licitado abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales divididos en distintos corredores, entre ellos los denominados Portuario Norte y Portuario Sur, estratégicos para la salida de exportaciones agroindustriales. En la región también se incluyen sectores de la ruta 33, otro trazado con fuerte circulación de camiones y con antecedentes de reclamos judiciales por su estado.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá acelerar inversiones en infraestructura sin comprometer recursos fiscales, en línea con la política de reducción del gasto público. La contracara será el impacto que pueda tener el esquema tarifario en los usuarios, un punto que seguramente quedará en el centro del debate a medida que avance el proceso.

El cronograma oficial prevé la presentación de ofertas en los próximos meses y la posterior adjudicación de los corredores.