Duro informe de la AGN contra la prórroga exprés a Aeropuertos Argentina

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa el contrato de concesión de Aeropuertos Argentina. Según el organismo, la extensión de diez años firmada en 2020 para estirar el dominio de las 35 principales terminales del país hasta 2038 presentó graves anomalías técnicas y legales. Con este escenario, el acuerdo vuelve a quedar en zona de incertidumbre y podría verse obligado a finalizar en febrero de 2028.

Frente a la posibilidad de que la prórroga se caiga y el Estado deba hacerse cargo de los activos en 2028, el gobierno de Javier Milei busca apurar un nuevo acuerdo para extender la concesión hasta 2066. La urgencia oficial apunta a destrabar un plan de inversiones por U$S 600 millones congelado por la empresa y evitar que las terminales vuelvan a la gestión pública, aunque el apuro genera dudas en medio de los cuestionamientos del organismo de control.

Según publicó Ámbito, el centro de los cuestionamietos de la AGN gira alrededor de la falta de documentación respaldatoria, la omisión de controles y la exención de compromisos firmes de financiamiento para obras.

De qué se trata la controversia

El origen y la primera prórroga: El contrato original arrancó en 1998 por 30 años con vencimiento en febrero de 2028. En 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández, el Gobierno decretó una prórroga de 10 años hasta 2038 a cambio de un plan de inversiones.

Las objeciones de la AGN: El dictamen concluyó que no se respetaron las instancias legales, faltó intervención de organismos técnicos como el ORSNA y se eximió a la empresa de compromisos firmes de financiamiento.

Intentos de renegociación: La concesionaria busca negociar con la gestión actual una prórroga por 40 años adicionales (hasta 2066), argumentando inversiones por 600 millones de dólares para subsanar los vicios legales detectados antes de que venza el plazo base.

En qué caso AA debería devovlerle los activos al Gobierno

Aeropuertos Argentina debería devolver la administración y los activos de las terminales al Estado si se declara la nulidad de la prórroga de 2020 —dejando como fecha límite improrrogable febrero de 2028— o bien al cumplirse el plazo contractual definitivo.

Esto se debe a que los aeropuertos son bienes de dominio público otorgados solo de forma temporal; la empresa no es dueña del aeropuerto, sino de su explotación. Si la prórroga carece de respaldo legal y técnico, pierde sustento jurídico para continuar operando vencido el contrato original.