La lista de bienes ligados a Luis Herrera que están en la mira de la Justicia

La liquidación de los primeros bienes de Luis Herrera dejó en evidencia el principal problema que atraviesa la quiebra del financista: el patrimonio actualmente disponible está muy lejos de alcanzar para compensar a los cientos de acreedores que verificaron créditos en los Tribunales de Rosario. Por eso, la sindicatura concentra ahora buena parte de sus esfuerzos en rastrear, identificar y eventualmente incorporar nuevos activos que puedan ser vendidos para ampliar el porcentaje de recupero.

Fuentes ligadas a la sindicatura explicaron a Punto biz que la estrategia abarca distintos frentes. Algunos bienes ya están individualizados y cautelados dentro del expediente; en otros casos se analizan participaciones societarias, créditos a cobrar y patrimonios de integrantes de la familia sobre los cuales se promovieron acciones para intentar extender los efectos de la quiebra.

El objetivo es siempre el mismo: incrementar la masa de activos disponible para su liquidación. El desafío es considerable porque el pasivo admitido supera los $51.230 M y comprende 689 legajos reconocidos sobre 703 presentados, sin contar todavía algunas insinuaciones tardías que tramitan mediante incidentes separados.

Dentro de ese mapa patrimonial aparece como uno de los activos de mayor valor el paquete de acciones de A3 Mercados vinculado a Herrera. Se trata de títulos de una compañía con cotización pública, lo que facilita considerablemente su valuación y eventual realización. Según estimaciones que circulan en el proceso, ese paquete podría representar por sí solo varios millones de dólares y aparece como una de las piezas más relevantes del patrimonio a liquidar.

A ese grupo se suman participaciones en Rofex Inversora y A3 Inversora, sociedades cuyos activos tienen fuerte componente financiero. La intención es avanzar con un procedimiento competitivo que permita obtener el mejor precio posible por esos paquetes accionarios.

La situación es diferente con otras inversiones empresarias que realizó Herrera. Una de ellas corresponde a Uniagro, compañía vinculada a una explotación porcina en la que el financista habría realizado una inversión y conserva una participación societaria, aunque no la mayoritaria. Allí la valuación resulta más compleja porque no existe una cotización de mercado inmediata y será necesario encontrar interesados dispuestos a adquirir la posición accionaria.

También figura Smartium, una startup tecnológica en la que Herrera había colocado capital. Ese activo presenta un panorama mucho menos favorable: la sociedad se encuentra en proceso de disolución y liquidación, por lo que las expectativas de obtener recursos significativos son reducidas.

El listado no se agota en las participaciones societarias. Entre los bienes individualizados aparece un departamento de alto valor en Maral Explanada, el complejo residencial de Mar del Plata diseñado por el arquitecto César Pelli y ubicado frente al mar. El inmueble está registrado a nombre de Herrera y forma parte de los activos sobre los que se trabaja para avanzar con su realización.

También está identificada una propiedad en Timbúes, la vivienda que en otro momento había sido ofrecida por el financista como posible domicilio para cumplir una eventual prisión domiciliaria. Si bien se trata de un inmueble de menor valor relativo frente a otros activos del expediente, también integra el patrimonio alcanzado por la quiebra.

En Rosario, el proceso comprende además propiedades vinculadas al histórico centro de operaciones de Herrera en calle Rioja, entre ellas oficinas y cocheras. Todos esos activos se encuentran identificados y bajo control judicial con vistas a su futura liquidación.

La sindicatura también explora otra fuente potencial de fondos: los créditos que Herrera decía tener contra terceros. Uno de los expedientes más importantes involucra a la firma Tanoni Hermanos. La quiebra reclama una suma que, actualizada, se aproxima a los u$s2 M a partir de fondos que Herrera habría entregado a la empresa.

Allí existe una controversia jurídica. Desde la quiebra se sostiene que se trató de dinero prestado y, por lo tanto, de un crédito que debe ser cobrado para incorporarlo al patrimonio del fallido. La contraparte plantea que los fondos correspondieron a una inversión empresaria que asumía riesgos y que parte de las sumas ya fueron restituidas. La cuestión deberá resolverse judicialmente.

También existe una acción vinculada a Reba, el banco de la familia Angeli, relacionada con una garantía prendaria cuya operatoria fue cuestionada por la sindicatura. Es otro de los frentes abiertos que, en caso de prosperar, podría aportar recursos adicionales para distribuir entre los acreedores.

La mira puesta también sobre el patrimonio familiar

La estrategia judicial alcanza además al entorno familiar de Herrera. En el proceso se promovieron acciones de extensión de quiebra respecto de su esposa y sus dos hijos, una herramienta que, de prosperar, permitiría incorporar determinados patrimonios al procedimiento falencial.

Las expectativas no son iguales en todos los casos. Según fuentes ligadas al proceso, los hijos no aparecen con un patrimonio significativo susceptible de modificar sustancialmente el panorama de los acreedores. La situación de la esposa, Marcela Fernández, es diferente, ya que existirían participaciones accionarias con mayor valor económico que podrían cobrar relevancia si la Justicia admite la extensión planteada.

Todas estas actuaciones parten de una premisa: el control del patrimonio corresponde al juez de la quiebra y a la sindicatura. Una vez decretada la quiebra, Herrera quedó desapoderado de la administración y disposición de sus bienes, por lo que cualquier activo susceptible de integrar la masa debe canalizarse a través del expediente comercial y distribuirse entre la totalidad de los acreedores reconocidos.

Ese criterio adquiere particular importancia porque muchos damnificados verificaron sus créditos en la quiebra pero no participaron como víctimas o querellantes en la causa penal. Utilizar bienes de Herrera para compensar únicamente a quienes intervinieron en el expediente penal podría generar diferencias entre acreedores que reclaman sobre un mismo patrimonio.

Un agujero que sigue siendo enorme

El esfuerzo por ampliar la masa encuentra su explicación en las dimensiones del pasivo. El juez Nicolás Villanueva reconoció oportunamente tanto el capital entregado por los ahorristas como los rendimientos prometidos por Herrera hasta julio de 2021, fecha fijada como inicio de la cesación de pagos.

La decisión llevó el pasivo a alrededor de u$s60 M según las estimaciones realizadas dentro del proceso. Para los créditos en dólares se dispuso además una tasa del 6% anual desde la cesación de pagos, mientras que para las acreencias en pesos se aplica la tasa activa del Banco Nación.

Ese volumen obliga a buscar recursos más allá de los bienes de realización inmediata. Incluso bajo una hipótesis favorable para las ventas y recuperos pendientes, fuentes ligadas a la sindicatura consideran muy difícil conseguir fondos suficientes para acercarse al total reconocido.

Por eso, más que un único gran activo, la estrategia apunta a sumar piezas: acciones de empresas, inmuebles, cocheras, eventuales créditos contra terceros y cualquier otro patrimonio que pueda demostrarse judicialmente que debe integrar la quiebra.

Cada activo que logre incorporarse elevará, aunque sea marginalmente, el porcentaje que finalmente podrán recuperar los acreedores. Para cientos de pequeños ahorristas que confiaron dólares durante años a la mesa de dinero informal manejada por Herrera, esa búsqueda patrimonial se transformó en el frente decisivo para determinar cuánto de lo perdido podrá volver alguna vez a sus manos.