Por Redacción
El Gobierno reconoció pagos pendientes por $220.000 M , aunque desde la cámara de constructores estiman que asciende al doble. Cómo es la propuesta de Economía.
El Gobierno nacional reconoció una deuda millonaria con empresas contratistas de obra pública y ofreció cancelarla con bonos del Tesoro. La medida alcanzó a certificados, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y contratos extinguidos acumulados entre enero de 2022 y fines de 2025.
La decisión quedó formalizada a través de una resolución de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, a cargo de Fernando Hermann, que creó el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública. En la práctica, el esquema habilitó una vía de pago alternativa para saldar obligaciones pendientes sin utilizar partidas presupuestarias corrientes.
El monto reconocido rondó los $220.000 M, aunque el programa tendrá un cupo máximo de $221.119 M. En el sector de la construcción consideraron que la cifra podría quedar corta frente al reclamo acumulado, ya que relevamientos previos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ubicaron la deuda por certificados de obra en torno a los $400.000 M.
La propuesta del Ministerio de Economía consistió en entregar una canasta de tres títulos en pesos. El paquete incluyó una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, un Boncap al 15 de enero de 2027 y otro Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027. Los bonos serán transferidos a valor técnico del día hábil previo a la entrega.
El régimen será voluntario. Las contratistas tendrán diez días hábiles para pedir la adhesión y otros diez días para presentar la liquidación de los montos que consideren pendientes de cobro por parte del Estado nacional.
A cambio, las empresas que ingresen deberán aceptar condiciones fuertes: desistir de reclamos administrativos o judiciales vinculados con esos contratos y renunciar a cualquier crédito futuro relacionado con la obra. La renuncia también alcanzará eventuales diferencias que pudieran surgir por el cambio de la modalidad de pago a títulos públicos.
El mecanismo buscó ordenar una deuda heredada y acumulada durante los últimos años sin afectar la meta de superávit fiscal que sostiene el equipo de Luis Caputo. Economía ya había utilizado una fórmula similar para cancelar acreencias con generadoras eléctricas y productoras de gas mediante un bono en dólares de largo plazo.
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