Economía

Fuente: Punto biz

Apoyo patronal y gremial

Un blanqueo para ir a los ladrillos ¿a quiénes le sirve?

Las expectativas pasan por volcar al mercado unos u$s5.000 M.

Tras casi un año de recorrer pasillos y oficinas gubernamentales, el sector de la construcción celebró la reciente promulgación de la ley 27.613, que prevé incentivos tributarios para el sector, entre ellos la chance de exteriorizar capitales no declarados. Sus referentes esperan mejorar sensiblemente los resultados de los anteriores blanqueos:  la expectativa es aplicar u$s 5.000 M al mercado, dos veces y media más de lo que generó el Cedin de CFK (u$s 2.000 M) que rigió a partir de 2013.

 

"Esperamos un shock de actividad", dijo a Punto biz Ricardo Griot, presidente de la constructora Pecam y uno de los principales impulsores de la ley desde su rol en la Cámara Argentina de la Construcción, entidad que lideró la movida junto con la Uocra, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda porteña.

 

El régimen permite diferir el pago de impuestos para quienes inviertan en la construcción de obras privadas nuevas y aquellas que tengan un grado de avance inferior al 50%. Quienes lo hagan, no deberán abonar Bienes Personales hasta el 31/12/2022. En tanto, quienes ya tengan otros bienes podrán computar el equivalente al 1% del valor de esas inversiones como pago a cuenta de dicho tributo.

 

El empresario rosarino confió en que la iniciativa permita completar varios de los grandes emprendimientos que hoy se encuentran en sus primeras fases constructivas, así como también activar aquellos que estén completando su etapa de elaboración. Antes que para edificios entre medianeras -señaló Griot-, la medida está apuntada a robustecer proyectos de mediana y gran escala.

 

Una de las ventajas del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda -tal su nombre oficial- es que permite el blanqueo de fondos en el exterior no declarados. El objetivo es captar u$s 5.000 M a nivel nacional, un 2% de lo que el Indec señala como dinero no declarado de los argentinos en dólares. Sus impulsores esperan que la tercera sea la vencida y esta vez sí se alcance esa cifra.

 

Vale recordar que durante la última década hubo ya dos intentos que fueron en el mismo sentido. Primero durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la emisión del CEDIN. Con ese régimen -que se extendió hasta finales de 2015- se emplearon u$s 2.200 M para operaciones inmobiliarias. En tanto, el blanqueo impulsado por Macri, si bien alcanzó una cifra importante, solo una parte (u$s 300 M) se canalizó al mercado inmobiliario.

 

Para Griot, esta iniciativa llega en un momento correcto y es más integral, porque además permite motorizar el sector de la construcción en su conjunto, un objetivo que el gobierno nacional ya fijó entre sus prioridades.

 

Vale decir que si bien el régimen se extiende hasta 2022, el blanqueo se extiende durante los próximos cuatro meses. En este sentido, la ley establece que quienes lo hagan dentro de los primeros 60 días pagarán un impuesto especial del 5% del monto sincerado; hasta el día 90, la alícuota asciende al 10%, y escala hasta el 20% para aquellos que ingresen al régimen hacia el final del período.

 

En los próximos días, los referentes del sector encararán una serie de reuniones con actores locales para promocionar la iniciativa y sumar inversores. Asimismo, propondrán al gobierno santafesino y a la Intendencia que adhiera a la ley y sume algunos beneficios.

 

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