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Economía

Fuente: punto biz

Corredora defaulteada

En paralelo a la denuncia penal, la CNV avanza con sumarios contra GYT

Por Redacción

Resolución contra directores, síndicos y hasta auditor externo

La Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió iniciar la instrucción de un sumario administrativo a la sociedad Guardati Torti S.A, a los directores y síndico titulares, al auditor externo, al funcionario responsable de cumplimiento regulatorio y control interno y al responsable de relaciones con el público, por las posibles infracciones detectadas en sus operaciones bursátiles. Las investigaciones se centran sobre la apropiación de los saldos líquidos de la cuentas de sus comitentes. Esas maniobras, según las denuncias penales de los inversores, fueron realizadas entre diciembre y febrero, cuando las empresa anunció su default.

 

"El 19 de febrero de 2020, seis días después de asumir sus funciones, el Directorio resolvió la suspensión preventiva de GyT, una disposición que continua vigente. A partir de ese momento, la CNV puso en marcha un plan integral de emergencia para atender las distintas problemáticas relacionadas con el caso.  En especial, se dedicó a coordinar y tramitar los numerosos reclamos y denuncias recibidas en el organismo", informó la entidad.

 

"Teniendo en cuenta que el marco jurídico plantea como misión fundamental de la CNV la protección de los derechos de los inversores, se elaboró un minucioso análisis y seguimiento de la situación de la sociedad que derivó en la formulación de una denuncia penal contra los directores titulares de la sociedad, presentada en la justicia el día 20 de marzo. La emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia de COVID-19 demoró el proceso de notificaciones que recién pudieron completarse el jueves",  agregó la entidad controladora del mercado

 

En paralelo a las denuncias penales por estafa y administración fraudulenta, entre otros delitos, la corredora de granos -que supo estar entre las top five del mercado y culpa a su caída por el impago de Vicentin- la empresa pidió su convocatoria de acreedores y además está intervenida judicialmente, a pedido de acreedores. Mientras que la empresa calcula su pasivo en cesación de pagos en unos u$s3.5M, sus acreedores lo contabilizan cercano a los u$s25M.

 

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