Vicentin salió a pedirle a la Corte que libere el expediente del concurso

Exponiendo que con el estado de cosas actual se complican los contratos de fason a futuro, abogados de Vicentin a través de un recurso de pronto despacho fueron a golpear la puertos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para exigir que liberen el expediente del concurso preventivo de acreedores para que finalmente regrese al juzgado de primera instancia de Reconquista.

Con la firma del abogado Maximiliano Toricelli, el documento al que tuvo acceso Punto biz, solicita “sean remitidos, a la mayor brevedad  posible, los autos principales del concurso preventivo a los fines de poder continuar con su  tramitación”.

El planteo llega mientras el máximo tribunal demora su dictamen respecto de las costas del pedido de avocación que interpuso la firma Commodities y que los ministros de la corte rechazaron el año pasado.

Si bien en su momento Vicentin pidió que el principal organismo de justicia a nivel provincial cargara con las costas a los que pidieron la avocación y obtuvieron la negativa, la definición se hace esperar y termina perjudicando la entrada de dinero a la agroexportadora.

Hay que aclarar que buena parte de los juicios que se entablaron tanto ante la justicia comercial como la penal se utilizaron empresas en situación de quebranto, lo cual posibilitó demandar a costo cero, más allá de los honorarios de los abogados propios. Pero Commodities SA es una corredora solvente, por lo cual sería pasible de afrontar los honorarios del fallido pedido de avocamiento.

“El expediente concursal se encuentra paralizado desde junio de 2022,  consecuencia de un requerimiento totalmente improcedente, efectuado además por quien  tenía una notable carencia de legitimación activa, y ocultó esa condición tanto a este  Tribunal, como a otros tribunales actuantes.  La paralización del proceso concursal genera una serie de inconvenientes que no solo perjudica a la empresa, sino a los acreedores”, remarca Torricelli en el escrito.

“No puede soslayarse, que, previo a la tramitación de la avocación, Vicentín tenía las mayorías requeridas por la LCyQ para declarar la existencia de acuerdo, por lo que  esta situación y el tiempo insumido (aproximadamente 9 meses), perjudica a la totalidad de  la masa de acreedores, que frente a una eventual homologación difirieron en el tiempo los  recuperos aceptados”, indica el planteo.

El asesor letrado de Vicentin insiste en que “el recurso de aclaratoria interpuesto por mi parte  exclusivamente en cuanto a la imposición de costas omitidas, no interfiere con la remisión  del expediente principal a baja instancia. Pese a ello, los autos principales continúan en Corte y no han sido  remitidos al juez del concurso para continuar con el trámite pertinente, conforme fuera ordenado”.