Una firma rosarina fue protagonista de la evasión de granos del siglo

La última semana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó en el puerto de Santa Fe el decomiso de granos más grande de su historia, evitando el comercio ilegal de unas 9.100 toneladas de maíz y soja. Si bien no trascendió oficialmente el nombre de la empresa implicada, varias fuentes coincidieron en señalar a Agrofederal, firma rosarina que en los últimos años viene transitando por un sendero cuanto menos irregular.

Según los registros oficiales, Agrofederal se encuentra desde 2019 en una compleja situación financiera, con un rojo bancario superior a los $283 M y más de 700 cheques rebotados. Los incumplimientos con las entidades financieras generaron en el último año varios fallos judiciales en contra, incluyendo una inhibición general de bienes por un monto millonario, tanto para la firma como para sus socios.

La propia compañía informaba en su sitio web oficial, había iniciado sus actividades en 2008, siendo su objeto principal el acopio y comercialización de granos. Contaba por entonces con una planta propia en Coronel Baigorria (Córdoba), con una capacidad de almacenaje de 10.000 toneladas. Además, tenía diversas representaciones comerciales en varios puntos del país.

Fuentes consultadas por Punto biz señalaron que la empresa comenzó a tener problemas bastante antes del desbalance financiero que se consolidó en el primer semestre de 2019, período tras el cual se quedó sin circuito bancario. "Al entrar en una virtual cesación de pagos inició el camino con otro circuito de empresas", comentaron.

Este nuevo circuito sería el que terminó desbaratando Afip, que informó que en la maniobra se utilizaban "productores fantasma", donde existía una empresa exportadora que adquirió 8.900 toneladas de maíz partido y 250 toneladas de soja a contribuyentes "sin capacidad para haber producido o adquirido esos volúmenes".

En diciembre de 2020, la Justicia Federal de Rosario, en el marco de una causa iniciada por el Banco Nación, ordenó la inhibición general de bienes de la compañía hasta cubrir un monto de $10,6 M. Unos meses antes, la empresa había recibido un fallo en contra en el fuero civil y comercial de los tribunales locales en el que el Banco Macro le reclamaba u$s 465.000.

El Nación y el Macro son apenas 2 de las 14 entidades financieras con las que Agrofederal mantiene un rojo de $283 M, según expone el sitio web oficial del Banco Central de la República Argentina. La mayoría de las deudas aparecen en situación 5, lo que según la calificación oficial es "incobrable". En la lista aparecen los bancos de Inversión y Comercio Exterior (Bice), BBVA, Provincia de Buenos Aires y ICBC, entre otros.

Los registros oficiales ubican a la compañía en las oficinas 11, 12 y 13 de Fisherton Open Mall. Actualmente tiene como socios a Víctor Pablo Monti y María Laura Arnolfo, un matrimonio con domicilio en un barrio privado de Funes.