Las pruebas de la Fiscalía para imputar a Scarel y la defensa del directivo

Media hora después de lo previsto inicialmente, en la Sala 9 del Centro de Justicia Penal inició audiencia imputativa contra Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin detenido el lunes. En el comienzo la ronda de exposición presidida por el juez Nicolás Foppiani, los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno dieron precisiones sobre una serie de documentos que a criterio de los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) alcanzan para imputar a Scarel del delito de “desobediencia en carácter de autor en concurso real en grado de consumado”.

Los fiscales invocaron un contrato de compraventa entre Vicentín y Viterra a través del cual Scarel obligó a Vicentin a transferir la propiedad de las acciones de Renova correspondientes al 33,33% del paquete accionario de Vicentin en favor de Viterra, como contraprestación la compañía multinacional se comprometió a pagarle el equivalente en pesos por u$s310 M al tipo de cambio oficial al mes de abril.

La supuesta operación contractual, que incluyó un mensaje del propio Scarel con fecha de 28 de abril de 2022 que avala el acuerdo, fue en el marco del avance de los acuerdos necesarios para que la firma concursada dee haga del capital necesario para responder al plan de pagos estipulado en el concurso de acreedores que se sustancia en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, a cargo del magistrado Fabián Lroenzini.

El argumento de Narvaja y Moreno apunta a violaciones de decretos firmados por los jueces Nicolas Foppiani (18 de septiembre de 2020) y Hernán Postma (28 de septiembre) que impiden a la agroexportadora en default celebrar acuerdos que desprendimientos de activos por un acto superior a los $50 M.

Tras un breve intermedio, fue el turno de exposición para el propio Scarel que fue enfático a la hora de plantear que “Vicentin no vendió acciones, si no que hizo un acuerdo de transferencia sujeto a condiciones”. El planteo del ejecutivo intentó remarcar que la supuesta transferencia iba a realizarse solo de mediar la homologación del juez del concurso preventivo de acreedores posterior al levantamiento de las medidas cautelares que obligaron a inmovilizar los activos de las agroexportadoras.

La letra chica

Luego de la breve exposición de Scarel llegó el tiempo de la minuciosa argumentación de Narvaja para sostener que la acción de compraventa entre Vicentin y Viterra existió independientemente de la homologación del acuerdo de pagos que todavía no llegó en el concurso preventivo.

El referente del MPA se apalancó en las actualizaciones del acuerdo de pagos pendiente de homologación que aparece en el expediente de la convocatoria en un documento de 2.500 páginas. A criterio de los fiscales allí no es que aparece una “transferencia” de las acciones de Vicentin a Viterra, si no que que se deja constancia de una “compraventa” que de acuerdo a lo que establece el Código CIvil está definido por el acto en que una parte asume la voluntad de entregar un bien (las acciones) y la contraparte a pagar un rpecio por ello (los u$s310M que fijó de precio Viterra por las acciones de Vicentin).

Narvaja insistió en que en ningún pasaje del texto en cuestión Vicentin dejó sujeta la compraventa a la definición de la propuesta concursal por lo que la da por concretada y va mas allá, asegura que entre las fojas del documento citado existe un pasaje en el que se determina la ejecución del convenio luego de 10 días de sustanciadas las intenciones de la cesión accionaria.