Lo dictaminó el juez concursal de Reconquista cuando era inminente el corte de energía eléctrica en las plantas.
Justo en la jornada en la que se desarrollaba una audiencia en la cartera laboral de la provincia en Rosario para ver cómo se liquidaba el remanente de salarios del personal, el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2da Nominación de Reconquista, ordenó el intervención judicial del directorio de Vicentin SAIC por un plazo inicial de 120 días hábiles judiciales. Esta medida implica la suspensión de funciones del directorio actual y la designación de dos interventores, el contador Andrés Shocrón y el abogado Guillermo Nudemberg, quienes se venían desempeñando como veedores dentro de la conducción de la firma. Ahora ambos profesionales tienen amplias facultades para administrar la empresa.
De acuerdo al fallo de Lorenzini al que tuvo acceso Punto biz, la decisión está acompañada por la suspensión del directorio (Foschiatti, Sartor y Bougain), sin derecho a remuneración, plena autoridad para los interventores sobre activos, contratos, reorganización operativa y búsqueda de nuevas alianzas o modelos de gestión.
Además el dictamen obliga a los interventores a presentar un plan de actuación en 10 días y como cuestión central -ya que había real riesgo de corte se luz- Lorenzini prohíbe a proveedores interrumpir servicios esenciales (gas, luz, internet, etc.) por 60 días, con extensión a organismos estatales que no podrán trabar embargos ni medidas cautelares durante ese período.
El juez fundamentó la decisión -que era pedida por los gremios aceitero- en los siguientes elementos:
-Grave deterioro de la situación financiera y operativa: se registró un crecimiento preocupante de la deuda postconcursal (más de $30.000 millones), falta de liquidez para pagar sueldos, pérdida de alianzas estratégicas (Bunge, Viterra y ACA) y paralización de las plantas.
-Falta de previsión y reacción del directorio: el juez destacó la inacción frente al agravamiento de la crisis, la omisión de convocar a los accionistas para buscar soluciones y el cierre inconsulto de las plantas, pese a propuestas de reactivación formuladas por terceros como Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias.
-Riesgo inminente de quiebra y daño irreversible: se argumenta que, sin intervención, la empresa enfrenta un peligro real de colapso productivo, pérdida de activos y profundización del impacto social.
De acuerdo a la mirada del magistrado concursal, el plan de intervención está sustentado en la prevención de daños mayores y la preservación de la operatividad parcial, proteger las fuentes de trabajo y activos productivos, y gestionar contratos y recursos para sostener parte de la actividad. Precisamente esta última cuestión será medular para sostener la actividad en las plantas y el pago de sueldos que no están garantizados al día de hoy.
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