El seguro agrícola santafesino cobra impulso pero falta mucho para armar

La sequía le pegó bajo la línea de flotación al campo y reactivó proyectos de ley en la Legislatura santafesina destinados a paliar los perjuicios económicos de los productores. Un proyecto de ley presentado a mediados del año pasado por el Ejecutivo provincial obtuvo media sanción a fines del año pasado en la Cámara de Senadores, pero por ahora es sólo un modelo para armar. Es que aún no se puso sobre la mesa de discusión cómo será el subsidio oficial que permita sostener valores de pólizas que sean posibles de afrontar. En el medio se habla de un subsidio directo para los chacareros afectados. 

La Cámara de Diputados recibió el jueves pasado a representantes de las entidades rurales, para perfeccionar la ley que envió el Gobierno a la Legislatura para la creación de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres Agropecuarios. El monto destinado y las primas de las aseguradoras son los puntos que acordados para rever.

El martes pasado el Gobernador Omar Perotti, junto con funcionarios del Ministerio de Producción, habían recibido a representantes de las entidades que nuclean al sector productivo de la provincia para analizar la situación que atraviesa el campo con la sequía y tratar de llegar a la mayor cantidad de productores posibles con las asistencias.

Por su parte, en la Legislatura ya se debate el mensaje enviado por el Ejecutivo provincial que busca crear un Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Emergencia y Desastres Agropecuarios, para romper con la Ley de Emergencia que se genera año tras año, ante la reiteración de fenómenos climatológicos que afectan a la producción.

El proyecto ingresó a principios de septiembre del año pasado, y a fines de diciembre, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto, generando disconformidad con las entidades del campo, ya que, según confirmaron a Punto biz, nunca fueron convocadas para discutir la ley.

Ignacio Mántaras, de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), contó a Punto biz que se acordó "mejorar la ley, en un 80% estamos de acuerdo, pero entendemos que si se va a sancionar una nueva ley queremos que sea la mejor"-

En su primer artículo establece que el objetivo del Sistema de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres Agropecuarios, marca que el objetivo del mismo es prevenir y reducir daños de emergencias y desastres causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos.

Además, en el mismo artículo, marca que se deberá promover el uso de herramientas que permitan mitigar los riesgos, entre ellas los seguros agropecuarios. Sobre este punto es donde se deberá trabajar más en base a dos factores, el primero son los fondos disponibles y el segundo la posibilidad que el Estado provincial reduzca el costo de la prima del seguro.

“Desde que tuvimos la primera reunión con el Ministerio de la Producción, a la actualidad, con el rodaje del proyecto por los diferentes estamentos del Estado, los montos ya se redujeron a una quinta parte”, ejemplificó Mántaras. No obstante, para saber si los mismos serán suficientes, desde Carsfe aclararon que “falta información, tenemos que saber si parte de los fondos irán destinados a la reducción de prima de los seguros”.

Un viejo dilema

Carlos Comas, gerente de Seguros Agropecuarios del grupo asegurador La Segunda, explicó a Punto biz que en Argentina, a diferencia de otros países como España, Brasil, Estados Unidos, Francia o India, el Estado no subsidia la tasa del seguro agropecuario.

Para que esto ocurra en nuestro país es necesaria la articulación público – privada, pero sobre todo la implementación de una política de Estado que perdure en el tiempo, “hemos presentado proyectos en el Congreso de la Nación para que a través de las retenciones, se destine parte de esos fondos para el subsidio de las tasas de las aseguradoras, pero no se logró que prospere”, comentó Comas.

En otros países es más fácil su implementación, explicó el gerente de La Segunda, “en España sancionaron la ley de seguros agropecuarios fundamentándola en dos pilares, la seguridad alimenticia y el arraigo de la gente del campo en sus lugares”. Además en nuestro continente, Brasil subsidia el 60% de la tasa desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, “pasó Lula da Silva, Dilma Rouseff y Jair Bolsonaro, y la política se mantuvo”.

Comas reconoce que los montos de las primas son elevados por los costos del campo, “cuando aseguro un auto, una prima por granizo vale $10 y por incendio $100, lo mismo con el campo, tenemos 5.000.000 de hectáreas aseguradas por granizo, pero sólo 10.000 por sequía y sólo a clientes exclusivos”.

Pero para poner en valor el costo de la falta de políticas públicas para los seguros agropecuarios, el especialista comentó que este año Argentina perdió 20.000 millones de dólares por la sequía, “con una política de Estado, quizás no hubieses salvado la totalidad, pero al menos 10.000 millones de dólares”. Siempre teniendo como referencia, que el campo es el principal generador de divisas y el contexto de crisis económica que se vive en el país.

Lo ideal y lo posible

Ante este escenario los diputados intentarán coordinar una agenda con al menos dos reuniones más y varias discusiones. Por un lado convocarán a las aseguradoras para obtener la información de primera mano y analizar la posibilidad de generar las modificaciones necesarias al proyecto de Ley del sistema que prevé atender de manera urgente la emergencia agropecuaria. Y por otro lado, finalizadas las reuniones, volverse a reunir con las entidades representantes del campo para lograr sancionar la mejor ley posible.

Marcelo González, presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería, explicó a Punto biz que además de la sanción de la mencionada ley, se tratará de dar respuesta de la manera más rápida posible a los productores ante escenario de crisis que están viviendo, “resta definir si agregamos un artículo de excepción para atender la urgencia de asistencia, o si aprobamos a través de otro proyecto que se aplique la ayuda correspondiente mediante lo que prevé la ley 13.622 (Fondo de Inversión y Desarrollo)".