El Gobierno avanza con control privado en semillas nuevas

El Gobierno nacional presentó al sector agropecuario un nuevo esquema de fiscalización del uso de semillas que introduce cambios relevantes en el sistema de control. La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incorpora participación de privados y limita su alcance a las variedades que se registren a partir de su implementación.

La iniciativa fue expuesta junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en una reunión con la Mesa de Enlace, que integran la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, además de empresas semilleras y técnicos del sector. El objetivo es reforzar el cumplimiento de la normativa vigente sin avanzar en una nueva ley de semillas, un debate que lleva años sin consenso.

El eje del esquema pasa por modificar cómo se controla el uso de la genética. El plan prevé que el Instituto Nacional de Semillas habilite a terceros para realizar análisis de identidad varietal, es decir, determinar qué semilla se utilizó en cada producción. Esa información será reportada tanto al organismo como a las empresas desarrolladoras, que podrán reclamar en caso de detectar uso indebido.

En la práctica, el control se integraría a instancias ya existentes de la cadena, como acopios, plantas de procesamiento y puertos, donde hoy se realizan análisis de calidad. A esos procedimientos se sumaría la identificación de la variedad sembrada, un punto clave para verificar el pago por tecnología.

Uno de los puntos centrales del diseño es que no tendrá efecto retroactivo. Solo alcanzará a las nuevas variedades que se inscriban en el sistema, dejando fuera a las actuales. Además, el esquema contempla mecanismos de adhesión voluntaria por parte de los productores.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es generar mejores condiciones para la incorporación de tecnología en el agro. En esa línea, Sturzenegger planteó que sin controles más efectivos se desalienta la inversión en genética y se limita el potencial productivo.

El planteo, sin embargo, abre interrogantes dentro del propio sector. Las entidades rurales tomaron nota del esquema y mantienen cautela sobre su implementación, en especial por el rol que tendrán los privados en los controles y el alcance real del sistema en una cadena extensa.