Por Redacción
La oficina que comanda Guillermo Michel dijo haber recepcionado información importante desde Paraguay.
En un comunicado difundido en las últimas horas el Estado Argentino a través de Aduana ratificó la acusación contra firmas agroexportadores por sobrefacturación.
“La Dirección General de Aduanas recibió la respuesta de Paraguay que valida la denuncia a 7 firmas cerealeras investigadas por sobrefacturar importaciones de porotos de soja. El país vecino envió la factura comercial donde figuran valores inferiores a los declarados en Argentina”, aseguraron.
La empresas en la mira son:
-Aceitera General Deheza
-Bunge Argentina
-Cargill SA
-Cofco International
-LDC Argentina SA (Louis Dreyfus Company)
-Molinos Agro SA (Molinos Río de la Plata)
-Viterra Argentina SA
El titular de la Aduana, Guillermo Michel, calificó: “Esto descarta lo que dijo la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) en medios periodísticos. La Aduana es un ente profesional que actúa conforme a la normativa vigente y al intercambio de información con otros países regido por acuerdos internacionales”.
Con esta información, la Aduana multó a dos de las compañías investigadas por infracción al artículo 954 del Código Aduanero. Las condenas de sede administrativa fueron para:
Vicentin SA. por $ 446.368.298
Cofco Int. Arg SA por $ 52.278.729.
"Durante el año 2020 se aperturaron sumarios contenciosos a distintas cerealeras por sobrefacturación en importación temporal de poroto de soja por más de USD 55 millones, encontrándose dichas actuaciones algunas con condenas y otras en trámite”, sumaron.
A través de un posteo en X, los empresarios del sector nucleados en al Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) señalaron que era crucial “compartir la verdad detrás del decreto 1330/2004”.
“Establece condiciones para la importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial, con la obligación de exportarlas para consumo a otros países”, expusieron.
Y sumaron que el régimen “permite a Argentina importar soja en momentos de escasez local, procesarla con empleo industrial argentino y exportar al mundo productos con mayor valor agregado. Una estrategia clave para nuestra economía”.
“Es inaceptable que se siga persiguiendo a la agroindustria, pilar del país y parte central de la transformación productiva y exportadora que necesita Argentina”, enfatizó Idígoras.
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