Cámara Federal de Rosario habilitó la venta de Vicentin

La Cámara Federal de Rosario revocó una medida cautelar dictada hace un año por un juez de Rosario que frenó la venta de la cerealera Vicentin, una instancia que está planteada para resolver el concurso de acreedores. 

Se trata ni más ni menos de la transacción propuesta ante el juez concursal Fabián Lorenzini que traspasa los activos de la compañía a manos de un grupo de inversores estratégicos, constituido por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra y Bunge. 

La cautelar fue resuelta a instancias de una ONG de consumidores que en su momento entendió que el traspaso “generaría una distorsión en el mercado interno granario y conllevaría un posible aumento de precios”. 

La cámara se expidió con el voto mayoritario de las juezas Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello, mientras que Aníbal Pineda sew pronunció en disidencia. 

La camarista Vidal consideró que “no surge demostrada prima facie la verosimilitud requerida en el derecho invocado, pues, como bien señalan las recurrentes, la norma vigente (art. 84 de la ley 27.442) contempla la posibilidad de que las operaciones instrumentadas en los contratos que fueron objeto de la medida cautelar se notifiquen previamente o hasta una semana a partir de la fecha de conclusión del acuerdo, disponiendo el decreto reglamentario 480/18 en su art. 84 que el plazo de una semana para la notificación comenzará a correr ... c) en las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio de adquisición y d) en los demás casos, el día en que quedara perfeccionada la operación”. 

Además, entendió que “el análisis de esa conveniencia en principio se presenta como perteneciente al ámbito propio del juez a cargo del concurso, quien debe realizar el control de legalidad de la propuesta al momento de homologar o no el acuerdo y tutelar el orden público en donde se encuentra la cuestión que motiva la presentación efectuada en este proceso”.

Las medidas cautelares interpuestas ante juzgados federales para frenar el traspaso de activos de Vicentin -fueron varias- penden como una espada de Damocles sobre el proceso concursal que lleva adelante el juez Lorenzini. De hecho, dos integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe, su presidente Daniel Erbetta y Rafael Gutiérrez, el año pasado le encomendaron al juez de Reconquista atenerse a la existencia de esas cautelares antes de avanzar con un acuerdo concursal. 

Ahora bien, si los jueces de distintos fueros no se ponen de acuerdo: ¿Cuál de las dos instancias vale más? Abogados especializados en derecho civil y comercial aseguran que las causas penales que actúan contra las personas involucradas no pueden prevalecer sobre los patrimonios y agregan que precisamente la existencia de la figura concursal apuesta a salvar esos patrimonios, asegurando la continuidad de las empresas más allá de que sus responsables hayan eventualmente cometido delitos que se diriman en lo penal.

Tras haber querido abandonar la causa, el juez Lorenzini ha venido tomando decisiones encaminadas a cerrar el concurso sin optar por un cramdown, a pesar de transitar por un camino lleno de espinas. Existe un grupo de acreedores que hizo varios intentos fallidos para apartarlo, pero que esta semana -a instancia de este grupo- la Corte Suprema provincial abrió una investigación sobre lo actuado por el juez de Reconquista. Al hacerlo, el máximo tribunal también puso al descubierto que en este caso las opiniones están divididas. Hubo tres votos a favor y tres votos en contra y el presidente del cuerpo Erbetta tuvo que desempatar. En casos de trascendencia como el de Vicentin -en el que existen miles de millones de dólares en juego- el máximo tribunal santafesino siempre trata de mostrar homogeneidad. Por eso, este empate técnico también pone a los supremos santafesinos a transitar por un camino lleno de espinas.