Fuente: Mariano Galíndez (punto biz)
Por Redacción
El anuncio del presidente fue confuso, el decreto oficial no se publicó y el borrador difundido tenía contradicciones.
A la hora de anunciar la intervención de la defaulteada agroexportadora Vicentin y el envío de un proyecto de ley del Congreso para su expropiación, el presidente Alberto Fernández no precisó el alcance de la avanzada sobre el grupo económico santafesino.
En efecto, el holding controla a Vicentin SAIC (que reúne sus core bussines aceitero con plantas en San Lorenzo, Ricardone, Avellaneda, que es el que entró en default y está en convocatoria) y a Vicentin Family Group, que reúne sus inversiones en otros negocios y que no están en default como el frigorífico Friar, la mitad de Terminal Puerto Rosario, la láctea Arsa (que se quedó con activos de Sancor), Algodonera Avellaneda, bodegas, viñedos, feedlots, productora de miel y fábrica de jugos, entre otros negocios.
En su discurso, Fernández habló de la intervención de “todo el grupo” y al presentarlo y enumerar las plantas que pasaban a estar intervenidas habló del negocio frigorífico, el textil y el vitivinícola, si bien no nombró el lácteo y el portuario no cerealero. De esa forma, lejos estuvo de aportar claridad.
Pero luego al difundirse el borrador del decreto de necesidad y urgencia, se señala en el texto que sólo se interviene y se pide expropiar a Vicentin SAIC. De ser así quedarían al margen del control estatal el resto de las compañías en las que los socios de Vicentin tiene acciones pero siempre asociadas con otras firmas (la chilena Ultramar para el caso de Terminal Puerto Rosario) y no siempre en condición mayoritaria o con el management. Es más, por normativa, no se puede expropiar si no identifican a las sociedades. Y en el borrador del decreto las sociedades no vinculadas al negocio aceitero no se identifican. Así y todo en los considerando del borrador del decreto que dispone la intervención sólo de Vicentin Saic igual se habla de la situación de Algodonera Avellaneda y hasta de la situación en Friar.
Pero además por más que Vicentin SAIC tenga acciones en empresas del Family Group, la intervención no se traslada de la empresa madre a las otras porque no tienen control de esas sociedades. En efecto, los socios de las firmas del Family group son personas físicas (de las distintas familias dueñas) o empresas propias (como Vicentin Paraguay o firmas uruguayas como Sir Cotton para el caso de TPR), pero siempre aparecen en carácter minoritario no habiendo una empresa que participe en todas las sociedades y menos que la controle. En otras palabras, para que esas empresas no aceiteras del holding sean incluidas en la expropiación, el proyecto de ley a enviar al Congreso deberá tener un contenido distinto al que figura en el borrador de decreto de intervención.
El tema es que, además de contradecirse con el mensaje del presidente, de ser así la expropiación sería bastante limitada, por lo cual perdería el poder de injerencia para ser una empresa testigo en la industria alimenticia, como se presentó la medida. Pero además el interventor tendría menos activos para vender si quiere fondearse para pagar la deuda de Vicentin Saic (u$s1.400M) sin comprometer más las alicaídas reservas y cuentas públicas.
Pero para sumarle confusión, esta mañana no se publicó el decreto oficial así que todo sigue abierto. No obstante, muy altas fuentes del entorno del interventor designado, Gabriel Delgado, aseguraron a punto biz que sólo se intervendrá en los activos de Vicentin SAIC.
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