La Justicia respaldó a la Caja de Ingenieros en su pelea contra Javkin

Festejan un round ganado los jubilados del Colegio de Ingenieros, maestros mayores de obra y arquitectos por el fallo del Tribunal n°2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que decidió suspender de manera provisoria los efectos del Decreto Nº 0706/2026, dictado por la Municipalidad de Rosario en abril pasado. Lo que decidió el intendente Pablo Javkin en su momento fue eliminar la exigencia de presentar ante la Dirección General de Obras Particulares las certificaciones de aportes jubilatorios preliminares y definitivos como requisito para tramitar permisos de edificación. Las entidades de profesionales retirados pusieron el grito en el cielo ante esta iniciativa, en tanto que la medida fue vista por buenos ojos por las cámaras de constructores locales. 

Según la Municipalidad, el objetivo del decreto era desburocratizar, agilizar y simplificar los trámites de habilitación para incentivar las inversiones privadas, eliminando controles que consideraba ajenos a la competencia municipal. El jefe de Gabinete municipal, Sebastián Chale, remarcó que la intención era dejar de actuar como agente de percepción o liquidación entre privados, manteniendo la obligación de contar con profesionales matriculados pero desligando al municipio del control de pagos previsionales.

La iniciativa municipal generó un fuerte rechazo en amplio sector institucional y dividió las aguas entre las entidades técnicas:

Tanto la Caja de Previsión Social como el Colegio de Arquitectos de Santa Fe (CAPSF), la Caja de Ingenieros, el Colegio de Maestros Mayores de Obras y el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil plantearon que la certificación y visado no representan una traba burocrática ni un costo extra, sino una garantía de validación técnica, matriculación activa, incumbencia profesional y seguridad jurídica y ciudadana. Sostuvieron, además, que un decreto municipal no puede ignorar obligaciones fijadas por leyes provinciales.

En contraposición, el Colegio de Ingenieros Civiles optó por mantener negociaciones con el Ejecutivo municipal. Alcanzaron un principio de acuerdo para establecer un esquema complementario donde el municipio verifique la habilitación e incumbencia técnica del profesional, mientras las entidades continúan con sus revisiones y el intercambio de información digitalizada.

Tras las acciones legales iniciadas por los sectores disconformes, la Justicia dictó una medida cautelar que frena la aplicación del Decreto 0706/2026 y restituye, de manera preventiva, los controles de certificación de aportes previos.