El Gobierno anota un punto en la batalla judicial por la reforma laboral

Un nuevo fallo judicial volvió a mover el tablero en la disputa por la reforma laboral y le otorgó al Gobierno nacional un respaldo clave en uno de los puntos más sensibles del expediente, el de la competencia.

La resolución a la que tuvo acceso El Cronista sostiene que el ámbito adecuado para analizar la validez de la ley es el fuero contencioso administrativo federal, y no la Justicia laboral, como había impulsado la Confederación General del Trabajo.

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara Contencioso-Administrativo, que hizo lugar a lo pedido por la procuración, tratando de que sean esos los tribunales en los que se trate la demanda.

Sin embargo, si la Cámara en lo Laboral decidiera que la causa debiera seguir en su fuero, será la Corte Suprema de Justicia la que deba dirimir.

El tribunal laboral que debe definir qué hacer es el mismo que días atrás definió la suspensión de la cautelar que impedía la aplicación de la Ley. Los jueces fueron recusados por la CGT y podrían tomar dos vías: tratar de sostener el expediente (y dejar la decisión en manos de la Corte) o cederlo al Contencioso y así salir de escena.

En caso de llegar a la Corte, el trámite no debiera ser extenso. Es de esperar que haya una resolución rápida y que los jueces no se expidan sobre la cautelar que, al día de hoy, está desactivada.

Qué dice el fallo

La decisión se centra en la naturaleza de la norma cuestionada y en el tipo de conflicto planteado. Según el criterio judicial, no se trata de un litigio individual o colectivo propio del derecho del trabajo, sino de una impugnación a una ley dictada por el Congreso, lo que encuadra el caso dentro de las materias que deben ser tratadas en el fuero que entiende en los actos del Estado.

En esa línea, el fallo remarca que la discusión gira en torno a la constitucionalidad y validez de disposiciones de alcance general, y no sobre la aplicación concreta de derechos laborales en una relación específica. Ese encuadre es el que, para los magistrados, justifica el desplazamiento hacia el contencioso administrativo.

Además, se pone el acento en que permitir que este tipo de planteos se resuelvan en el fuero laboral podría generar una fragmentación de criterios y decisiones contradictorias, dada la multiplicidad de juzgados con competencia en la materia. En cambio, centralizar el análisis en el fuero contencioso permitiría, según esa visión, un tratamiento más uniforme de la cuestión.

El pronunciamiento no resuelve el fondo del conflicto —es decir, si la reforma es o no constitucional—, pero sí define un aspecto estratégico que condiciona todo el proceso: dónde se va a dar la batalla judicial.