Descubrieron una red que protegía a empresarios y dirigentes kirchneristas

El Gobierno denunció este lunes la existencia de una red destinada a proteger contribuyentes en la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). La organización funcionaba desde 2016 y tenía como objetivo bloquear el acceso a información sensible de dirigentes y empresarios vinculados al kirchnerismo y sus empresas, según publicó el diario Clarín.

La lista de personas señaladas contiene algunos condenados como Alejandro Vandenbroele (sentenciado por el caso Cicone) y Lázaro Báez (preso por el juicio por corrupción en Vialidad), de acuerdo a lo que contó el periodista Bernardo Vázquez.

La supuesta protección brindada en el organismo de control incluye un periodo que inicia en 2016, en el que gobernó Cambiemos, y tuvo continuidad durante la presidencia del Frente de Todos. El hallazgo fue realizado por integrantes del actual Poder Ejecutivo Nacional, que al ejercer funciones en el organismo detectaron la existencia de la estructura destinada a proteger los datos de estas personas.

En concreto, están bajo sospecha 51 empresas o personas jurídicas, que aparecían como contribuyentes, pero estaban blindados ante los requerimientos que Afip realiza normalmente a los ciudadanos comunes y empresas, con fines recaudatorios o eventuales sanciones.

En el sistema informático de la Afip se encuentra la base de datos de toda la población, con registro de sus actividades productivas y las obligaciones que tienen como contribuyentes. No obstante, existe una nómina en la que sólo aparecen personas cuya información es considerada sensible por motivos especiales, como puede ser el caso del presidente de la Nación. Es decir, a ese apartado se le brinda un trato especial y sólo tienen acceso funcionarios con jerarquía al máximo nivel.

Allí estaban incluidos, sin embargo, personas que se supone gozaban de tal privilegio pero por razones discrecionales, de cercanía política.

En la nómina de supuestos “intocables”, confeccionada durante los últimos dos gobiernos, aparecen figuras emparentadas con las gestiones kirchneristas, como Lázaro Báez, propietario de Austral Construcciones, condenado por fraude a la administración pública a partir de los contratos recibidos para realizar obras financiadas por el Estado en la provincia de Santa Cruz. También aparecen integrantes de su familia.

Alejandro Vandenbroele, en tanto, cobro notoriedad al ser señalado como testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, en una maniobra que para la Justicia tuvo como fin quedarse con el negocio de la impresión de papel moneda. Boudou en aquel entonces se desempeñaba como ministro de Economía.

La lista de empresas y personas protegidas 

Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Angeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.