Costo eléctrico: Santa Fe pide rebaja a Nación, pero la Provincia es cara

La aplicación de una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación vigente desde 2023 disparó incrementos de hasta el 500% en las facturas de los grandes consumidores industriales. La implementación generó alarma en los sectores industriales, buena parte de los cuales se encuentran afectados por la caída de las ventas, especialmente aquellos que sólo apuntan al mercado interno. 

El gobierno de Maximiliano Pullaro salió a pedir algún tipo de alivio, pero los fabricantes cuestionan que en la Provincia se aplican sobrecostos que provocan que el costo eléctrico sea el peor entre las jurisdicciones industriales, como Caba, Buenos Aires y Córdoba.   

Los aumentos surgieron por la aplicación de la Resolución Nº 976/23 de la Secretaría de Energía de la Nación, dictada durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y ahora implementada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). A ello se sumó una actualización tarifaria que amplifica la suba. 

A la EPE le pasaron la factura con los mayores costos y la Provincia la trasladó automáticamente a los contribuyentes. La normativa incorpora nuevos conceptos tarifados como un “cargo estabilizado para grandes usuarios” y por “ajuste complementario de potencia” que alcanza a unas 340 industrias y cooperativas. Aparecen subas de un 491,9% entre las facturas de abril y mayo y una diferencia de precio de hasta $200 M. 

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, adelantó que en los próximos días mantendrá una audiencia con autoridades nacionales para plantear la situación y explorar alternativas que permitan amortiguar el impacto tarifario:

- Habilitar un mecanismo de diferimiento temporal de los saldos facturados durante los meses críticos -junio, julio y agosto. 

- Distribuir estos mayores costos hacia los meses de primavera y verano, cuando los cargos previstos por la Resolución Nº 976/23 disminuyen significativamente, con el objetivo de suavizar el impacto sobre las finanzas de las empresas.

Los planteos de los hombres de negocios van más allá de la resolución de Cammesa, porque apuntan que la Provincia y las intendencias deben hacer los deberes para que el costo eléctrico santafesino sea más competitivo. Ocurre que cuando se efectúan comparativos con otras jurisdicciones de la misma talla -Caba, Buenos Aires y Córdoba- resulta que los usuarios santafesinos son los que más caro pagan. 

La situación afecta a todos los usuarios de electricidad, ya sean residenciales, de consumos pequeños y hasta grandes consumidores. La brecha más grande se verifica en la comparación con Caba -hasta un 40%- aunque en este caso influye la densidad de usuarios por kilómetro cuadrado, ya que en Santa Fe son mucho más largas las distancias para llegar con el cableado y las estaciones de transformación. Pero el caso es que el costo de Santa Fe también supera a los de Buenos Aires y Córdoba.

De hecho, las tasas y contribuciones municipales que "cabalgan" directamente adentro de la boleta de la EPE representan una de las mayores fuentes de distorsión en el costo eléctrico de Santa Fe. La EPE funciona como una suerte de agente de retención y transfiere lo recaudado a los intendentes. Bajo está fórmula, aparecen: 

- Alumbrado público. Suma un 6% sobre el consumo neto. Los industriales se quejan porque a diferencia de cualquier vecino de una localidad, el usuario residencial financia la luz de su calle, pero para una industria con procesos intensivos se genera un impuesto encubierto que poco condice con el servicio de iluminación 

- Inspección de medidores. Supuestamente las intendencias les cobran a las empresas prestadorres por “controlar que el medidor funcione bien”. En Rosario es un 1,80% (viene sumado a la del gas, para totalizar 2,4%). En localidades como Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez y Santo Tomé cobran entre 1 y 1,5%. También lo cobran en San Lorenzo y Puerto General San Martín, a pesar que estas localidades tienen fuertes ingresos por tasas aduaneras y portuarias.

En localidades donde funcionan cooperativas, estás actúan como agentes de retención, y suelen cargar también con otros fondos específicos, por caso destinados a la extensión de redes. En Rafaela los poderes públicos han sido un poco más cautos, aplicando topes máximos de facturación para evitar que industrias lácteas y de autopartes financien más de la cuenta. Cuando se hacen las cuentas finales surge que una industria que integra el lote de los grandes consumidores en el Gran Rosario termina pagando por impuestos y tasas (IVA incluido) que llega a un 39% del consumo puro.