Con marcha atrás en dos reformas, el Senado aprobó la ley de propiedad privada

Sin el capítulo que eliminaba las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, el oficialismo aprobó este jueves en general en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce cambios al Código Procesal Civil para agilizar los desalojos y modifica las leyes de expropiaciones. Sin embargo, a último momento, La Libertad Avanza también retiró el capítulo que reformaba la Ley de Manejo del Fuego, impulsada en 2020, porque no reunía los votos necesarios. La votación en general obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra.

"Se cambian los dictámenes porque se discute, porque este Senado no es una escribanía. Creemos en esto, escuchamos, debatimos y construimos consensos", sostuvo la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, antes de que el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales anunciara el retiro del capítulo sobre Manejo del Fuego. "Así como informé el retiro del capítulo tercero del dictamen, también corresponde incorporar el retiro del capítulo cuarto", anunció brevemente Agustín Coto.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad es una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto fue enviado al Congreso en marzo, obtuvo dictamen en mayo, pero su tratamiento se postergó en cuatro oportunidades por falta de los votos necesarios. Las negociaciones fueron tan complejas que el texto llegó a tener 17 versiones.

El proyecto original contenía seis capítulos y 53 artículos, pero finalmente se votó un texto reducido a tres ejes y 37 artículos. Durante el debate en comisión ya se había eliminado por completo el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que trasladaba a las provincias la regularización de esos asentamientos, luego de que los gobernadores reclamaran financiamiento para asumir esa tarea.

Un día antes de la sesión, y ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios, el oficialismo retiró el capítulo que modificaba el Régimen de Protección de Tierras Rurales y eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. Minutos antes de la votación también dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.

El oficialismo buscaba derogar un artículo incorporado por iniciativa de Máximo Kirchner y aprobado por el Congreso en 2020. Sin embargo, la resistencia de varios aliados provinciales terminó de frustrar ese cambio. La tucumana Beatriz Ávila, la cordobesa Alejandra Vigo, la salteña Flavia Royón y los dos senadores santacruceños anticiparon que rechazarían el proyecto.

A ese grupo se sumaron la chubutense Edith Terenzi y el radical Maximiliano Abad, quienes adelantaron que votarían en contra del capítulo referido al fuego. Otros legisladores también hicieron saber al oficialismo que no lo acompañarían, por lo que La Libertad Avanza optó por retirarlo.

Qué decía el capítulo que finalmente quedó afuera

La legislación vigente establece que, cuando un bosque nativo, un bosque implantado, un humedal o un área protegida sufren un incendio, ya sea accidental o intencional, queda prohibido durante 60 años modificar el uso de esas tierras, así como lotearlas, fraccionarlas o desarrollar emprendimientos inmobiliarios, salvo operaciones de arrendamiento o compraventa.

En las zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, esa restricción se extiende por 30 años.

El proyecto del oficialismo proponía mantener esa prohibición únicamente para los bosques nativos, en línea con lo previsto por la Ley de Bosques.

Debate caliente

El oficialismo defendió la modificación al sostener que buscaba evitar un "doble castigo" para los propietarios de terrenos incendiados. La oposición, en cambio, denunció que la iniciativa favorecía la "especulación inmobiliaria".

"No se está tratando de beneficiar a quien cometa un ilícito, sino de evitar un doble castigo. Mantener inmovilizada una propiedad durante 30 o 60 años equivale prácticamente a toda la vida de una persona", argumentó Agustín Coto, miembro informante de La Libertad Avanza.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad, uno de los pocos integrantes de la UCR que adelantó su rechazo a ese capítulo, advirtió que la reforma "está viciada de inconstitucionalidad" y que "va a ser materia de discusión judicial" por el principio de no regresión ambiental.

"La Patria no se vende, no se incendia y no se privatiza. Son muy duros con los trabajadores, los inquilinos y quienes no tienen acceso a la vivienda, pero extremadamente generosos con los ricos", cuestionó Mariano Recalde, de Unión por la Patria.

Los senadores de Convicción Federal y la salteña Flavia Royón también rechazaron el proyecto en su conjunto. "No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador", sostuvo el catamarqueño Guillermo Andrada.

Royón, en tanto, afirmó que la iniciativa contiene "errores conceptuales y técnicos que deben revisarse" y reclamó priorizar debates sobre reforma impositiva, previsional y coparticipación federal.

"La inviolabilidad de la propiedad privada ya está garantizada por el artículo 17 de la Constitución. Este proyecto está hecho para grupos y élites y perjudica a los argentinos. Por eso está llena esa plaza", afirmó José Mayans, en referencia a la protesta que se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso.

Al comienzo de la sesión, el jefe del bloque opositor intentó devolver el proyecto a comisión y levantar el debate, pero su moción fue rechazada por 38 votos contra 31.

Desalojos y expropiaciones

Sí quedaron aprobados los capítulos vinculados a los desalojos, las expropiaciones y el Registro de la Propiedad Inmueble, que impulsa la digitalización de los trámites.

En materia de desalojos, la iniciativa establece procesos más rápidos por la vía sumarísima, habilita la restitución anticipada del inmueble cuando exista verosimilitud del derecho, incorpora el domicilio electrónico para agilizar las notificaciones y amplía las facultades del juez para identificar a los ocupantes y garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.