Con despacho favorable, Uber y Didi van por la legalización en Rosario

La regulación de Uber, Didi y otras aplicaciones de transporte avanza este jueves en el Concejo. Después de una extensa jornada de negociaciones, las comisiones de Gobierno y Servicios Públicos emitieron un despacho favorable al proyecto que busca legalizar el funcionamiento de las plataformas, con el respaldo del oficialismo de Unidos y La Libertad Avanza y el rechazo del peronismo y Ciudad Futura.

Qué requisitos deberán cumplir los conductores

Uno de los puntos centrales del proyecto son las condiciones que deberán cumplir quienes presten el servicio. Los conductores deberán ser mayores de 18 años y contar con licencia profesional, aunque el requisito generó diferencias durante las negociaciones entre el oficialismo y La Libertad Avanza.

El esquema contempla un plazo de seis meses para que los choferes adecuen sus licencias de la clase B1 a la D1, con la posibilidad de extender ese período por otros seis meses. La exigencia de una habilitación profesional fue uno de los puntos que los libertarios buscaron eliminar durante el debate.

En cuanto a los vehículos, deberán contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada y vigente, según corresponda a la modalidad de transporte. Además, deberán exhibir en el reverso del asiento del acompañante el nombre de la aplicación a la que están vinculados y un código QR que permita consultar los datos del conductor y del auto.

Registro y obligaciones para las plataformas

El proyecto establece la creación del Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte, en el que deberán inscribirse los operadores autorizados por la autoridad de aplicación, que será la Secretaría de Movilidad. El listado deberá estar disponible en la página web municipal y las autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años, siempre que no cambie la titularidad de las plataformas.

Otro punto de la normativa es la obligación de remitir información periódica al Ente de la Movilidad de Rosario (EMR). Los datos deberán estar anonimizados e incluir la cantidad de viajes realizados, sus puntos de origen y destino, los kilómetros recorridos con y sin pasajeros y la duración promedio de los trayectos.

La iniciativa define el servicio como una modalidad privada de transporte de pasajeros, que funcionará mediante acuerdos entre particulares. Los conductores no podrán captar pasajeros en la vía pública ni utilizar las paradas asignadas a otros servicios públicos de transporte.

Las diferencias por las tarifas y las multas

El esquema tarifario fue uno de los principales puntos de negociación entre Unidos y La Libertad Avanza. Los libertarios consiguieron avanzar con la eliminación de la tarifa mínima contemplada en el proyecto original del Ejecutivo municipal y con el rechazo a una tasa específica para las plataformas.

También se acordó extender la posibilidad de condonar multas a los conductores particulares sancionados por utilizar las aplicaciones antes de su legalización. La propuesta inicial contemplaba un alcance más limitado del beneficio, que los libertarios reclamaron ampliar.

Las diferencias también incluyeron el acceso del municipio a los datos de los viajes y la posibilidad de habilitar el transporte de pasajeros en motocicletas. Unidos mantuvo su rechazo a incorporar esa modalidad, mientras que La Libertad Avanza anticipó que seguirá impulsando su inclusión.

Taxistas protestaron frente al Concejo

Mientras los concejales negociaban los últimos cambios al proyecto, taxistas se concentraron frente al Palacio Vasallo para rechazar la legalización de las aplicaciones. La protesta provocó cortes de tránsito en Córdoba y 1º de Mayo y complicaciones en los accesos al sector del Monumento a la Bandera. La circulación se normalizó durante la tarde.

Los manifestantes reclamaron condiciones equitativas para competir con las plataformas y cuestionaron la posibilidad de que se incorporen más vehículos al sistema de transporte de pasajeros. Entre los carteles exhibidos se leyeron consignas como “Competencia justa o nada” e “iguales precios, iguales vehículos”, además de un pedido para establecer un cupo de autos que evite la saturación del servicio.

El conflicto también quedó expuesto en el debate político. Desde el bloque peronista, el concejal Mariano Romero cuestionó el rumbo de las negociaciones y sostuvo que el acuerdo entre Unidos y La Libertad Avanza se acercaba a una propuesta desregulatoria, con exigencias mínimas para las empresas.

En cambio, el concejal de La Libertad Avanza Juan Pedro Aleart destacó que el oficialismo aceptó varios de los planteos de su espacio, entre ellos la eliminación de la tarifa mínima, la exclusión de una tasa específica y la decisión de no encuadrar la actividad como un servicio público.