Combate al delito: una cuestión de fondo cruje en la interna del oficialismo

Socialistas y radicales siguen empantanados con el paquete de leyes vinculado con la persecución del delito que impulsa desde hace cinco meses la administración del gobernador Maximiliano Pullaro. El trámite en la Cámara de Diputados se ha convertido en uno de los más complejos de atravesar para la coalición de gobierno, con un debate interno áspero y pantanoso.

Aunque puede ser presentado como un contrapunto entre miradas ideológicas disímiles, con posturas más o menos punitivistas, los sectores más críticos dentro de Unidos advierten que en el fondo subyace algo más complejo: el avance de la reforma impulsada por el Ejecutivo, de aprobarse tal y como lo pretende la Casa Gris, podría quebrar parte del diseño institucional acordado para esa materia en la reforma constitucional del año pasado. La discusión mayor está planteada, al interior de la alianza de gobierno, en esos términos.

El socialismo no es, sin embargo, el único actor que advierte sobre las inconveniencias de avanzar sin mayores reparos sobre el paquete de reformas penales y de seguridad. Lo han hecho, además, integrantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa, especialistas en derecho y constitucionalistas. Las objeciones no se limitan a una discusión teórica: apuntan a los riesgos de ampliar facultades policiales y fiscales sin delimitar con precisión sus alcances y los mecanismos de control.

Lo sugirió el jueves pasado la diputada socialista Lionella Cattalini, quien advirtió que debía trabajarse para que “cada una de las propuestas no sean cuestionadas”. Dicho de otro modo, lo que plantea el socialismo es que las nuevas leyes no deberían entrar en tensión con la Constitución que la propia coalición y los opositores terminaron de actualizar hace poco más de un año. La legisladora también buscó despejar la idea de que su partido pretende bloquear las reformas: la discusión, sostiene, debe servir para mejorar las herramientas y garantizar su solidez jurídica.

Cuando se trabajó sobre la nueva carta magna de la Provincia existió también una pulseada compleja entre los socios de Unidos para elaborar una matriz en materia de persecución penal. No fue una discusión secundaria. Allí se definieron competencias, autonomías y equilibrios entre los organismos encargados de diseñar la política criminal y aquellos responsables de ejecutar las tareas de prevención y seguridad.

Pullaro pretendía que el Ministerio de Seguridad cumpliera un rol central. Además, buscaba que se designe un fiscal general que asumiera junto al gobernador y con el que compartieran un mismo período en sus cargos de cuatro años. En el debate interno esas posturas fueron derrotadas. La Constitución terminó consagrando al Ministerio Público de la Acusación como un órgano autónomo y le asignó expresamente el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal.

Sus socios dentro de Unidos entienden que lo que se busca ahora es avanzar sobre algunos elementos que ya habían sido superados con el trámite de la Convención Constituyente. Recompensas, trabajos de inteligencia, interrogatorios policiales y nuevas atribuciones operativas para las fuerzas de seguridad son parte de las herramientas que Pullaro busca incorporar o ampliar y que el socialismo no acompaña en su redacción original.

El paquete no es menor: contempla modificaciones al Código Procesal Penal y cambios en distintas normas, entre ellas las leyes de inteligencia, ejecución penal, recompensas y organización policial. Entre los puntos más controvertidos aparecen las facultades para realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias, las declaraciones durante la investigación penal y las intervenciones policiales especiales. Es decir, no se trata solamente de discutir nuevas herramientas, sino también de establecer quién puede utilizarlas, bajo qué condiciones y con qué controles.

El radicalismo trabajó en la semana para avanzar con el pedido del gobernador, pero lo hizo con algunas desprolijidades. Primero fue el senador Felipe Michlig quien conminó a sus socios para que aprobaran las herramientas que impulsa la Casa Gris. El mensaje tuvo una lectura política inevitable: el sector que conduce el Ejecutivo no estaba dispuesto a seguir esperando los tiempos de sus aliados.

Luego, distintos referentes buscaron colocar en una posición incómoda a sus socios con declaraciones públicas en las que sugerían el entorpecimiento para avanzar con normas clave para robustecer la seguridad ciudadana. La estrategia apuntó a instalar que la demora legislativa tenía responsables dentro de la propia coalición.

La comunicación pública le ganó a la construcción política. El jueves hubo un intento fallido para avanzar en Diputados con el paquete de leyes. Allí volvieron a asomar las diferencias y la discusión se pospuso por una semana. Cattalini le devolvió, aunque sin nombrarlo, algunos dardos que le había lanzado Michlig, quien le había pedido celeridad en el tratamiento de la reforma en seguridad.

El tema escaló de tal manera que una diputada peronista, Lucila De Ponti, se quejó porque la Cámara baja era “rehén de las discusiones internas del oficialismo que ya no se dan a puertas cerradas, sino a través de los micrófonos de estas bancas”.

El socialismo reclama un debate para definir la orientación de la política de seguridad, no solamente la objeción de determinados artículos. Los legisladores de la UCR concedieron algunas modificaciones a la propuesta original para acercar posiciones. Así, surgieron, por ejemplo, cambios en las facultades para la intervención policial. 

Algunos ministros, sin embargo, ratifican la idea de sostener buena parte del texto original. Esa diferencia entre la disposición de los legisladores a negociar y la voluntad de la Casa Gris de preservar el proyecto inicial explica parte del atasco.

Una voz calificada dentro de Unidos le anticipó a Punto biz que, aunque son claras las posiciones de los distintos espacios, es posible que se alcance un consenso en los próximos días y que se elabore finalmente un “dictamen razonable que no altere lo aprobado en la nueva Constitución”. De eso se trata. Nada menos.

Salir del debate con la conformidad de todas las partes se ha convertido en un desafío complejo para los miembros de Unidos. La dificultad no es menor: el interbloque oficialista en Diputados reúne a 28 legisladores, de los cuales 14 pertenecen al socialismo y nueve al radicalismo. No se trata, por lo tanto, de un socio menor al que la UCR pueda prescindir de escuchar sin pagar costos políticos y legislativos.

Pullaro pretendía tener resuelto el paquete con celeridad y meses más tarde sigue negociando para evitar que una de las principales apuestas de su política de seguridad se convierta en una disputa prolongada dentro de su propio frente. El episodio deja, además, una señal para lo que viene: el radicalismo tiene la Gobernación y pretende conducir la agenda de la coalición, aunque eso no significa que pueda imponerla sin negociar con sus socios. La reforma constitucional fue también un acuerdo de distribución de poder y el socialismo parece dispuesto a utilizarlo para marcar sus propios límites.