BCRA solo apercibió a ex directivos del Nación por créditos a Vicentin

El Banco Central cerró el sumario iniciado en 2020 con apercibimientos para el Banco Nación y ocho de sus exdirectivos, entre ellos Javier González Fraga y Lucas Llach, tras verificar que existieron irregularidades en el manejo del riesgo crediticio, aunque descartó multas. La decisión administrativa se conocIó mientras sigue abierta la causa penal en la que la Justicia trabó embargos por más de $543.000 M.

Más de seis años después del default de Vicentin, el Banco Central (BCRA) cerró el capítulo administrativo de la investigación sobre los créditos que el Banco Nación le concedió a la agroexportadora santafesina y resolvió apercibir a la entidad y a buena parte de quienes integraban su conducción cuando se produjo la crisis.

La Resolución 312/2026 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, fechada el 14 de septiembre, aplicó un apercibimiento al Banco Nación y a Javier González Fraga, entonces presidente; Lucas Llach, vicepresidente; los exdirectores Carlos Castellani, Miguel Ángel Arce, Jorge Lawson y Ercilia Nofal; el exgerente general Juan José Fragati y el exsubgerente de Banca Corporativa Martín González. A otros seis exfuncionarios les correspondió un llamado de atención y uno fue absuelto. La resolución todavía figura como “no firme” en los registros del BCRA.

La sanción es leve en términos económicos —no contempla multas ni inhabilitaciones— pero resulta relevante porque el organismo encargado de controlar el sistema financiero dio por acreditados incumplimientos en la administración de los préstamos a Vicentin. El sumario había sido abierto en 2020 y puso bajo la lupa tres cuestiones: deficiencias en la gestión del riesgo de crédito, problemas en la clasificación y seguimiento de la situación de la cerealera y reiterados excesos sobre los límites permitidos para grandes exposiciones crediticias.

Uno de los puntos críticos se produjo en agosto de 2019, cuando comenzaron a vencer prefinanciaciones de exportaciones que Vicentin no canceló en los plazos previstos. Según los antecedentes del expediente, la exposición superó entonces en $4.425 M el límite regulatorio que restringía al 15% del capital principal del banco la concentración del riesgo en un mismo grupo económico.

El Central, sin embargo, consideró una serie de atenuantes para descartar castigos económicos. Entre ellos, que no se acreditó en el expediente administrativo una maniobra deliberada destinada a ocultar los excesos al organismo de control y que el propio Nación fue informando las superaciones. También ponderó el escenario financiero del segundo semestre de 2019, la devaluación posterior a las Paso y la reducción del patrimonio computable del BNA derivada de transferencias de dividendos al Tesoro.

El otro frente, en Tribunales

El cierre del sumario cobra especial relevancia por el contraste con lo que ocurre en sede penal. A comienzos de este año, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, adoptó una medida mucho más severa dentro de la causa que investiga la relación entre la cerealera y el banco público.

En una resolución firmada el 30 de diciembre de 2025 y conocida en enero, Ercolini ordenó un embargo preventivo contra exautoridades del Nación y directivos de Vicentin por un monto actualizado de $543.332 M y mantuvo las inhibiciones generales de bienes que ya habían sido dispuestas. Se trata de medidas cautelares dentro de una investigación penal y no de una declaración de culpabilidad.

La hipótesis que investiga la Justicia es diferente y más amplia que las infracciones regulatorias examinadas por el BCRA. El fiscal Gerardo Pollicita estimó un supuesto perjuicio para el Estado del orden de los u$s300 M. Uno de los ejes apunta a lo ocurrido con dos cuentas de garantía por las que ingresaban fondos provenientes de la actividad comercial de Vicentin. Según la acusación, mientras la compañía acumulaba una deuda cercana a los u$s300 M con el Nación, por esas cuentas habrían circulado unos u$s800 M.

La pesquisa intenta determinar por qué esos recursos no fueron retenidos para cancelar las obligaciones con el banco. La acusación sostiene que se permitieron transferencias por casi $43.450 M hacia cuentas de libre disponibilidad de la cerealera. También están bajo análisis nuevos préstamos concedidos al grupo durante noviembre de 2019 por u$s105,5 M y transferencias de la compañía al exterior por casi u$s17 M.

Ercolini sostuvo al disponer las cautelares que, entre agosto y diciembre de 2019, funcionarios del Nación y empresarios de Vicentin habrían provocado un perjuicio patrimonial de u$s304,3 M a la entidad pública. Esa es, por ahora, una hipótesis sometida a investigación judicial y discutida por las defensas. Llach, por ejemplo, sostuvo públicamente que Vicentin mantenía entonces una calificación normal en la Central de Deudores del BCRA y rechazó la interpretación de la conducta investigada como causante de aquella pérdida.

La Justicia federal tiene por delante una pregunta de mayor alcance: si detrás de la forma en que se administró la relación con el principal deudor privado del Nación existieron conductas penalmente relevantes.

El desenlace de esa causa todavía está abierto. Pero la resolución del Central incorpora ahora un dato oficial: hubo fallas e incumplimientos en el modo en que el mayor banco público del país administró su exposición a una compañía que, pocos meses después, dejó de pagar y protagonizó uno de los defaults empresarios más resonantes de la historia reciente argentina.