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Logística

Órgano de control sólo público

Empresarios, con ceño fruncido ante los cambios en la Hidrovía

(por Mariano Galíndez) Temen que el sistema pierda eficiencia si el dragador deja de cobrar directo el peaje y pasa a ser un contratista de la sociedad.

El anuncio del gobierno nacional de la creación de una sociedad estatal que administrará las hidrovías generó en puertos y agroexportadores preocupación por el impacto económico negativo que puede provocar el cambio de condiciones institucionales para el dragado y balizamiento del río Paraná.

 

Según anunció la semana pasada el ministro de Transporte, Mario Meoni, el gobierno prorrogará hasta el 2022 la actual concesión de la hidrovía –que vence en mayo de 2021- para que sea la nueva sociedad estatal –que se creará por DNU con participación minoritaria de las provincias con frente fluvial- la que conduzca el proceso de licitación (teniendo los pliegos listos para fin de año) y luego controlará la ejecución de las tareas, reservándose incluso la potestad de licitar o hacer obras menores y complementarias por sí misma.

 

Si bien hasta ahora sólo circula un borrador, a los usuarios directos de la vía navegable lo poco que se les comunicó bastó para encender las primeras señales de advertencia. Ocurre que con el cambio de relación institucional el dragador dejaría de estar a cargo de una concesión nacional para convertirse en contratista de la sociedad administradora.

 

Ese cambio no es menor. Es que, de prosperar, el peaje lo empezaría a cobrar el Estado a las navieras, vía la nueva sociedad, y luego pagaría las tareas de acondicionamiento a la dragadora. El tema es que para un dragador internacional –como son los interesados y capacitados para operar el negocio- no es lo mismo tomar una concesión del Estado en el que cobrará directo el peaje (tarifa dolarizarda) que ser contratista de obra pública de una sociedad del Estado.

 

¿El cambio podría derivar en un aumento del costo de la obra, como opera en tantos contratos de obra pública en los que proveedores suben los valores para cubrirse de los usuales atrasos en los pagos del Estado? ¿Esa suba no terminaría generando un aumento de la tarifadel peaje? ¿Se perderá la eficiencia lograda en la hidrovía, que fue puntal del crecimiento agroindustrial? Esos temores tienen los empresarios.

 

A los usuarios, que pugnaban por la creación de un órgano de control de concesión en el que tuvieran participación, tampoco les cierra que las tareas del control vayan a quedar en la sociedad administradora, de la que no tendrán participación. Es que, en rigor, apuntaban con la nueva condición a mejorar las condiciones contractuales (por ejemplo que se arme un control de la concesión) y no a un cambio de sistema, al que consideran virtuoso.

 

También hay otras lecturas jurídicas que detectan inconsistencias. Por caso, no cierra que el gobierno arme un consejo federal de la hidrovía como órgano asesor y consultivo en el diseño de las políticas sectoriales (con participación de provincias y empresas) y al mismo tiempo, para ejecutar y administrar el sistema, arme una sociedad con participación de las provincias cuando lo podría hacer de manera directa o a través de una sociedad sin necesidad de las provincias, que ya están en el consejo. ¿Será que su participación en la empresas es una forma de "coparticipar" la recaudación de la hidrovía con las provncias?

 

Con todo, entre empresarios del sector también están los que ven el vaso medio lleno ya que resaltan la intención del gobierno de dialogar, de abrirse a propuestas y de darle importancia al tema. Es más, vieron con agrado que el gobierno analice exigirle obras complementarias al concesionario actual por la extensión del contrato.

 

03.08.2020 07:00 | Fuente: Mariano Galíndez (punto biz)

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