Vicentin: rechazan pedido del Gobierno para que el caso pase a Buenos Aires

La jueza María Alejandra Biotti rechazó este viernes el pedido del gobierno de Alberto Fernández para que la causa por la intevención de Vicentin saliera de la órbita de Santa Fe y se tramitara en el fuero en lo contencioso administrativo. El Ejecutivo pretendía que fueran los tribunales porteños los encargados de revisar las decisiones del Poder Ejecutivo. El fiscal del caso estuvo de acuerdo, pero hoy la jueza Biotti rechazó esa interpretación.

“Si bien los planteos efectuados por los integrantes del Directorio de Vicentin SAIC y los agravios expuestos por el Estado Nacional contra la decisión del Juez del concurso en esta inhibitoria deberán ser resueltos ante los tribunales federales con competencia contencioso administrativo, considero que el Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal no posee competencia territorial para entender en la causa”, dijo la jueza.

La magistrada sostuvo: “Corresponderá entender a los tribunales federales con competencia en materia contencioso administrativa en la localidad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”, ante los que deberá analizar “la interposición de inhibitoria si así lo estimare pertinente el Estado Nacional”.

El fallo avaló un criterio que está en debate en la Corte Suprema de Justicia –pero ya aplicado en varias causas– sobre la potestad de los fueros federales del interior para analizar las resoluciones del Gobierno. El Ejecutivo, no obstante, podrá apelar esta decisión.

Se trata del segundo fallo adverso al Gobierno en el caso Vicentin, la cerealera aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, que está siendo investigada penalmente por haber acumulado una deuda de más de $18 mil millones con el Banco Nación durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.

Los dueños de la compañía se presentaron ante el juez Lorenzini a pedir la inconstitucionalidad del decreto de intervención. El juez no opinó sobre eso, pero dictó una medida autosatisfactiva que convirtió al interventor del Gobierno en veedor y repuso a dueños en sus cargos del directorio. La decisión fue apelada en ese expediente.

Mientras tanto, el Ejecutivo se presentó en los tribunales porteños para pedir que el caso se radique en Buenos Aires. 

“Si el magistrado del concurso se declaró incompetente para entender en la demanda de inconstitucionalidad va de suyo que también lo es para atender la petición cautelar. Asimismo, lo incoherente, contradictorio y arbitrario de su decisorio radica también en que, aun cuando se declaró incompetente para tratarla inconstitucionalidad el acto impugnado, lo cierto es que igualmente lo hizo al privar apresurada e infundadamente de efectos al DNU N° 522/20 -una norma, se reitera, de rango legal- sin dar lugar a la bilateralización y defensa del Estado Nacional”, afirmó la presentación del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.

Hoy, la jueza Biotti rechazó esos argumentos. A su criterio, derivar el caso a la Justicia federal porteña implicaría “vaciar de contenido a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en las provincias” y “obligar irrazonablemente a los demandantes a litigar de manera exclusiva en la jurisdicción territorial de los tribunales federales con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.