La Justicia le ordenó a la Afip que levante la prohibición para exportar a Vicentin

El juez Fabián Lorenzini ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y a la Dirección General de Aduanas (DGA) levantar la suspensión del registro de importadores y exportadores que pesa sobre Vicentin. Lo hizo como respuesta a un pedido de la propia firma -ingresado el pasado 14 de mayo-, que la exigía en aras de asegurar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajo. En otra resolución emitida este jueves, el magistrado definió elevar a Cámara todos los recursos planteados contra la resolución que repuso al directorio.

El titular del Juzgado Civil y Comercial de la 2º Nominación de Reconquista fundamentó el pedido a los entes nacionales en la necesidad de brindar a la firma "los elementos necesarios" para evitar la quiebra y ayudar a conservar el patrimonio de la compañía. La suspensión para operar en el comercio exterior había sido ejecutada de manera automática el pasado 23 de enero, como consecuencia de la deuda por $1.118,5 M que tiene Vicentin con Afip.

Las plantas de la agroexportadora estuvieron paralizadas entre diciembre y marzo. Ese mes se retomaron las actividades gracias a un contrato de alquiler con Oleaginosa San Lorenzo, a partir de granos que comenzó a enviar Glencore. Luego, en mayo, la compañía suscribió un contrato a fasón con el Grupo Olio.

Hoy las sedes fabriles están trabajando en un 40%, según la información que recabó la sindicatura y que elevará, en breve, al juez. Para elevar ese porcentaje resulta fundamental que Afip y la DGA levanten las sanciones sobre una empresa que exporta el 90% de su producción.

"Prohibirle operar en dicho mercado importa frustrar totalmente su actividad y sin ella se torna imposible cualquier solución concursal o de otro tipo, poniendo en gravísimo riesgo la continuidad de la empresa y el mantenimiento de miles de puestos de trabajo", aseguró en mayo Guido Ferullo, apoderado de Vicentin.

La medida es apoyada por la sindicatura, que en su afán de velar por el patrimonio de la firma y el pago a los acreedores, entiende que hay margen para que Vicentin siga pagando sueldos y generando ingresos sin nuevos créditos.

La suspensión realizada por los entes oficiales no operó como consecuencia del ingreso a concurso o por las últimas medidas del Ejecutivo, sino como respuesta automática al elevado nivel de deuda que la empresa mantiene con Afip ($1.118,5 M). Frente a ello, Lorenzini consideró que la DGA "realizó una interpretación sesgada del sistema normativo, sin tener en consideración la calidad de pre o posconcursales de las obligaciones fiscales devengadas y pendientes de pago".

En otra resolución firmada este jueves, el magistrado dispuso elevar a la Cámara de Apelaciones de Reconquista la totalidad de los recursos planteados contra la resolución del pasado viernes 19, cuando repuso al directorio y relegó a los interventores designados por el gobierno al rol de veedores.