Unidos, en la delgada línea roja entre romperse y quebrarse

Luego de un fatigoso proceso, Maximiliano Pullaro consiguió que uno de los proyectos que considera centrales en materia de seguridad supere la primera instancia legislativa. El entendimiento entre radicales y socialistas llegó luego de una semana de fuertes tensiones, una sesión postergada y varios cruces públicos entre dirigentes de la coalición. 

El oficialismo logró resolver el desacuerdo parlamentario –previa concesión del Ejecutivo para modificar aspectos de su iniciativa original–, aunque no consiguió evitar que quedaran expuestas las distintas concepciones sobre cómo debe funcionar el frente que gobierna Santa Fe.

El socialismo fue el principal obstáculo para que el proyecto original avance sin modificaciones. Sus legisladores cuestionaron el alcance de algunas facultades que el Ejecutivo pretendía incorporar al sistema de seguridad, por considerar que podían afectar garantías constitucionales y abrir planteos respecto del control judicial de los procedimientos. 

La posibilidad de que la Policía interrogue a personas involucradas en hechos delictivos sin asistencia de un abogado defensor y la creación de zonas de intervención especial, con atribuciones extraordinarias para las fuerzas de seguridad, estuvieron entre los puntos más resistidos.

También asomaron objeciones sobre los mecanismos para realizar allanamientos, el funcionamiento de los organismos de inteligencia y las modificaciones al procedimiento penal. Para los diputados socialistas, la discusión no podía limitarse a ampliar las herramientas estatales frente al delito: era necesario establecer con precisión los límites de esas atribuciones y evitar que una reforma concebida para mejorar la persecución penal terminara expuesta a cuestionamientos judiciales.

La negociación produjo modificaciones concretas. El texto que llegó al recinto dejó afuera las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de que los efectivos realicen interrogatorios sin asistencia letrada. En cambio, mantuvo la facultad de los fiscales de recibir declaraciones informativas bajo determinadas garantías, sin que puedan utilizarse como prueba de cargo. 

También se incorporaron resguardos adicionales para los juicios en rebeldía, se amplió la participación de las víctimas y los querellantes y se establecieron controles judiciales para determinados procedimientos excepcionales de allanamiento.

El resultado fue un proyecto que conserva buena parte de la arquitectura que había diseñado el Ejecutivo, pero que se aparta de algunas de sus pretensiones más controvertidas. Esa diferencia explica el acompañamiento socialista. No hubo un cambio de posición respecto de los reparos iniciales, sino una negociación que permitió a ese sector justificar su voto sin abandonar las objeciones que había planteado desde el comienzo.

La intervención de Pullaro fue determinante para acercar posiciones. El gobernador terminó admitiendo que los proyectos podían mejorarse y habilitó una instancia de negociación que permitió salir del bloqueo. Para el radicalismo, era importante evitar que una de las principales apuestas legislativas de la gestión quedara paralizada por una disputa entre socios. Para el socialismo, en cambio, la discusión también representaba una oportunidad para demostrar que su participación en Unidos no supone acompañar automáticamente las decisiones de la Casa Gris.

Diferencias internas, pero también públicas

Sin embargo, mientras la negociación con el radicalismo encontraba una salida, el vínculo del PS con el PRO sumó nuevos motivos de fricción interna. Los funcionarios provinciales Federico Angelini y Cristian Cunha habían cuestionado públicamente la demora en el tratamiento y apuntado contra las resistencias socialistas. Angelini llegó a vincular el tiempo transcurrido sin aprobar las reformas con las consecuencias que podía tener sobre la seguridad en la calle, mientras que desde el macrismo se deslizaron críticas sobre las razones políticas e ideológicas de las objeciones del PS.

La respuesta socialista fue contundente. Joaquín Blanco y Lionella Cattalini rechazaron que su bloque tuviera responsabilidad por las demoras y defendieron el trabajo parlamentario que permitió revisar el contenido de las iniciativas. Blanco cuestionó especialmente la formulación original del Ejecutivo, a la que calificó como una mala ley, y sostuvo que las modificaciones redujeron el riesgo de que sus disposiciones fueran declaradas inconstitucionales. El legislador objetó además la manera en que se había presentado el conjunto de reformas que intervenía sobre distintas normas y áreas del sistema de seguridad.

El enfrentamiento tuvo un componente adicional: para el socialismo, las críticas del PRO no fueron simplemente diferencias sobre una política pública, sino una forma de descalificación hacia un socio de la coalición. 

La discusión dejó al descubierto dos maneras de entender la relación con el Ejecutivo. Una más cercana a la defensa de las prioridades del gobierno y otra que reivindica la autonomía de los partidos que integran Unidos, incluso cuando eso implica ponerle límites a una iniciativa del gobernador.

Detrás de ese contrapunto aparece una diferencia que puede resultar todavía más difícil de administrar en el año electoral. El PRO tiene sectores que promueven un acercamiento con La Libertad Avanza y consideran que esa alternativa debe formar parte de la discusión sobre el futuro de Unidos. 

El socialismo, en cambio, ya dejó en claro que no comparte ese horizonte y que no está dispuesto a integrar una coalición con el espacio de Javier Milei. No es una discusión menor: pone en cuestión hasta dónde puede ampliarse el frente y cuáles son los límites políticos que sus integrantes están dispuestos a aceptar.

El radicalismo queda en el centro de esa tensión. Pullaro necesita preservar la unidad de la alianza que le permitió llegar a la Casa Gris y sostener su gestión, pero también debe administrar las aspiraciones de socios que no necesariamente comparten el mismo diagnóstico sobre el escenario nacional ni sobre la estrategia electoral de 2027. La convivencia obliga a negociar tanto las decisiones de gobierno como el lugar que cada fuerza pretende ocupar en el armado político.

En ese contexto, las palabras de Joaquín Blanco durante el debate adquieren un significado que trasciende la discusión puntual. El diputado socialista advirtió que las alianzas pueden construirse con relativa facilidad cuando existe un objetivo electoral compartido, pero que el verdadero desafío aparece después, cuando hay que gobernar y sostener los acuerdos. 

Para ilustrar esa dificultad recordó las experiencias del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y la ruptura entre Omar Perotti y Alejandra Rodenas en Santa Fe.

La advertencia no estuvo dirigida únicamente a los dirigentes del PRO. También fue un mensaje hacia el radicalismo y, particularmente, hacia quienes entienden que la pertenencia a Unidos debería traducirse en un acompañamiento permanente a las decisiones del Ejecutivo. 

Para Blanco, la continuidad de la coalición depende de que sus integrantes puedan discutir sin descalificarse y de que se reconozca el aporte de cada sector. La unidad no puede convertirse en una exigencia de uniformidad.

El desafío para 2027 será encontrar una fórmula que permita sostener las coincidencias electorales sin esconder las diferencias políticas. El socialismo necesita preservar su identidad y su capacidad de influir en las decisiones de gobierno. El PRO busca ampliar su protagonismo y mantiene abierta la discusión sobre un eventual entendimiento con los libertarios, mientras que el radicalismo debe evitar que esas posiciones terminen trasladándose a una disputa permanente por la conducción del frente.

La reforma de seguridad ofreció una muestra concreta de ese problema. Pullaro necesitaba aprobar su proyecto, pero no contaba con un respaldo automático de todos sus aliados. El socialismo consiguió introducir cambios y acompañó el resultado, mientras el PRO cuestionó el tiempo y las condiciones de la negociación. Cada espacio defendió sus posiciones y dejó constancia de sus diferencias.

La votación permitió recuperar el funcionamiento legislativo de Unidos, pero no resolvió la discusión sobre su identidad ni sus límites. La coalición tendrá que definir si puede seguir funcionando como un espacio donde conviven distintas tradiciones políticas o si las diferencias frente al gobierno nacional y las estrategias electorales terminarán imponiendo una nueva división.

Blanco puso el problema en términos que trascienden a los protagonistas de esta discusión: ganar juntos no garantiza poder gobernar juntos. Para Unidos, que tiene por delante un nuevo calendario electoral, la dificultad ya no pasa solamente por conseguir una mayoría en la Legislatura. También consiste en evitar que las diferencias que hoy se expresan en el debate de una ley terminen convirtiéndose mañana en una disputa por el sentido y la continuidad del propio frente.