Subsidios para el transporte de pasajeros, entre el crac y la beligerancia

Javier Milei se ha enfrascado en una lucha con menos glamour y prensa que aquella que mantiene desde hace días con Mariana “Lali” Espósito. Es posible que un grupo de intendentes del interior, entre los que se encuentra el rosarino Pablo Javkin, estén a esta hora mascullando más bronca que la popular cantante, quien decidió emitir un comunicado en el que, con algo de sorna y bastante de fastidio, invita al presidente para que asista a uno de sus shows. 

Replicando el recurso de Lali, ¿qué podrían hacer los jefes municipales a los que, a esta ahora, aqueja la problemática por el recorte de subsidios dispuesto por el gobierno nacional para el transporte de pasajeros del interior del país? ¿Invitar acaso al libertario a circular a pie o en bicicleta por sus ciudades? ¿Exponerle lo inconveniente de, cuanto menos, duplicar el valor del boleto para sostener el servicio? 

No parece ser ese el camino, aunque muchos de los que forman parte de la Red Federal de Intendentes quisieran hacerlo. El jueves hubo un cónclave en Buenos Aires para estudiar alternativas. Las vías de contacto con el Gobierno nacional permanecen abiertas, pero en el mejor de los casos, se trasluce en esos diálogos una vacilación por parte de los funcionarios, que lejos está de colaborar con la situación. 

Para decirlo claro: los jefes municipales no tienen aún detalles sobre el procedimiento que se aplicará para la quita del subsidio y a partir de qué fecha. No hay ni siquiera una notificación administrativa formal que dé por eliminado el Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, según confirmó al caer la tarde del viernes uno de los funcionarios clave de Pablo Javkin. En esas aguas turbias navega el tema. 

Hay, además, otro dato cuanto menos curioso: los jefes del interior acuerdan con la idea del Gobierno nacional de direccionar los subsidios sobre la demanda –es decir, sobre el pasajero– y no volcarlo en las empresas, como sucede actualmente. El tema es que, dicen los intendentes, eso es parte de una ingeniería que lleva su tiempo. No puede resolverse de un día para el otro.  
 
Un ejemplo de lo que sucede en Santa Fe para explicar por qué es necesario tomarse un tiempo: de las 46 empresas de transporte de jurisdicción provincial que prestan servicios urbanos provinciales o interurbanos, siete cuentan con el sistema de la tarjeta Sube, lo que representa el 49,3% del total de los servicios y alcanza al 72,9% de la totalidad de los pasajeros. Por lo pronto, un 27,1%, sin acceso a la Sube, quedarían por fuera del alcance de un hipotético convenio para ayudar directamente al usuario.
 
En el encuentro de intendentes del jueves pasado se resolvió gestionar una reunión con uno de los funcionarios de más peso en el gobierno libertario, pero que al mismo tiempo tiene el valor de mostrar cintura dialoguista: el ministro del Interior, Guillermo Francos. 

No es la única gestión. La Red Federal ya inició conversaciones para involucrar a diputados y senadores nacionales con el tema. ¿Qué les reclaman? La elaboración de un proyecto de ley que exija el cumplimiento del Pacto Fiscal del año 2017 que, entre otros puntos, habla de la distribución del fondo que el Poder Ejecutivo Nacional quitó al interior del país. 

Hay algo más sobre lo que se pretende trabajar con los legisladores y es el reparto de lo que se recauda por el Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Los intendentes pretenden que el 50% de esa masa de dinero retorne para compensar el transporte público de pasajeros. 

Ese es un tema que repiquetea en la cabeza de los funcionarios santafesinos involucrados en el tema. Hasta el propio gobernador, Maximiliano Pullaro, salió a agitar esa bandera. El radical no sólo dijo que de recibir el dinero que aporta la Provincia por ese impuesto podría hacerse cargo por completo del sistema de transporte si no que, además, el costo del boleto sería de “cero pesos”.

Pullaro aseguró que Santa Fe tributa $ 3.900 M por mes por el impuesto al combustible, de los que retornan 1.500 M. Y se quejó porque “el resto queda en el Amba”. Una historia repetida que hoy enerva a los intendentes del interior. 

Rosario es apenas un ejemplo de la problemática que aqueja a intendentes de Jujuy y de Neuquén, de Formosa o de Mar del Plata. El usuario de transporte hoy paga en la ciudad el 50% del costo que tiene un viaje. La otra mitad la subsidian el municipio (40%), la Provincia (30%) y Nación (30%). 

Desde la administración Pullaro ya mandaron a avisar que sostendrán su aporte, que entre enero y febrero fue de $1.900 M, pero que no pondrán un centavo más para subsanar lo que se retire desde la gestión nacional. 

Algunos intendentes, los más díscolos, amenazan con levantar directamente el servicio en sus ciudades para exponer la lógica dispar del gobierno libertario con las ciudades del interior. Un ejemplo: Damián Bernarte, intendente de San Francisco, Córdoba, uno de los dirigentes del schiarettismo.  

Entre los jefes del interior evalúan números, presupuestos y alternativas. Javkin ya expuso que es posible que le pida al Concejo municipal trabajar sobre un aumento del boleto que sería extraordinario y que obedecería a la quita del subsidio nacional. 

Mientras tanto, se trabaja también con la presentación de recursos administrativos y judiciales. No está definido si se harán demandas desde las intendencias, en forma individual o como parte de la Red Federal. Cualquiera está habilitado para hacerlo. Incluso un particular que se sienta damnificado. También las propias empresas. Un detalle sobre este último punto: el Estado municipal tiene su propia empresa de colectivos. Un motivo más de inquietud en medio de la tensión que provoca el anunciado recorte de los subsidios.