Repunte de la industria del juicio enciende luz de alerta en las pymes

La litigiosidad en materia laboral está volviendo a crecer fuerte y amenaza los intentos oficiales de lograr que el sector privado sea más competitivo. Lo advirtió días atrás el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y así lo aseguran los datos, que muestran un rebote importante de lo que los empresarios llaman “industria del juicio”. “Es una situación muy compleja la que estamos atravesando y no exagero un ápice. Es un momento histórico grave en cuanto a los montos de condena y en cuanto al riesgo que implica acordar sumar imposibles de pagar”, el abogado laboralista describió Jorge Samoullian. 

El abogado se refirió a las multas en los juicios laborales que “siguen siendo un problema que no se logró corregir” y también habló de un repunte en los juicios por riesgos de trabajo, que genera una gran preocupación en las empresas porque si el escenario actual no cambia, esta mayor litigiosidad podría verse trasladada a un mayor costo de las ART para las compañías. “En un proceso de crisis y recesión como el que estamos pasando, las dos partes son afectadas; quien debe cobrar y quien debe pagar. Entonces, si yo miro la historia con un solo ojo, mi solución va a ser equívoca”, apuntó Samoullian. 

De acuerdo con un informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), desde el 2017, año récord en presentación de demandas por accidentes laborales y año en el que se reformó la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 27.348), la cantidad de juicios comenzó a descender, pero a partir del piso que encontró en 2020, tras la pandemia, el crecimiento fue exponencial. El año pasado se iniciaron 117.348 nuevas demandas y la estimación para este año indica que habrá unos 124.000 nuevos juicios, según señala el último informe de la Uart.

Verónica Razzini, presentó un proyecto de ley que busca la Actualización de Montos Indemnizatorios. “En marzo se sentó precedente sobre un fallo que marcó esto del coeficiente de estabilización de referencia que elevó los montos de las indemnizaciones y los llevó a un punto que resulta imposible de pagar”, el especialista en la materia Samouelian, reconocido consultor de empresas.

En concreto, la modificación que plantea Razzini es una actualización por Tasa Activa del Banco Nación, con una capitalización por única vez a la fecha de notificación de la demanda con tope de Capital Histórico de IPC más el 3 por ciento anual. 

Para la Uart, es clave la ley 27.438. El Congreso la sancionó en febrero de 2017 y dispuso, entre otras medidas, la creación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) y deslindar los honorarios de los peritos del proceso. “El procedimiento está viciado. Para un perito diagnosticar 100 de incapacidad o 2 requiere el mismo esfuerzo, pero en toda la justicia el perito cobra a porcentaje. A más daño más honorario”, señalan desde la Uart, donde grafican el éxito de las CMF con una comparación entre las provincias de Jujuy y Salta.

La ley de 2017 incluye una tabla de incapacidades -un baremo- que es utilizado por las aseguradores y la comisión médica, pero que cae en desuso cuando el accidente se judicializa.

“Si no estás de acuerdo con ART, vas a la comisión médica, y después a la Justicia que no lo tiene en cuenta y suma daño psicológico. Si ambos utilizaron la misma vara no habría discrepancias y no tendría sentido hacer un juicio”, explican desde la Uart.

La reforma

La Ley que reformó el sistema en 2017 exigía al poder judicial de las provincias adheridas que se cree el Cuerpo Médico Forense con profesionales elegidos por concurso; que cobren honorarios por acto médico y no acoplados al monto de la sentencia; que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos y el Listado de Enfermedades Profesionales y que intervengan en todos los casos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como no tiene desarrollado su fuero laboral, esa competencia le corresponde a la Corte Suprema.

Pero excepto en Mendoza, en el resto de las jurisdicciones, esos cuerpos médicos nunca fueron creados, por lo que lo que hoy sucede es que actúan los peritos y determinan, en el juicio, que existe una incapacidad cuando en muchos casos no la hay. “Si estuviera ese cuerpo médico forense conformado, el perito muy probablemente coincidiría con las comisiones médicas y la incapacidad sería 0%”, aclaró Bettiol, quien mostró la preocupación de la industria debido a que hay menos siniestros y mejores servicios y beneficios, pero cada vez más juicios.

Un comunicado de la Uart de hace algunos días había planteado esta inquietud: “A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, de la menor gravedad de los mismos, de la atención inmediata, oportuna e integral, de la actualización permanente y automática de las indemnizaciones dinerarias y de las reformas normativas en línea con la jurisprudencia, los reclamos judiciales no dejan de crecer”. Y agregaba que “es poco o nada entendible que el procedimiento para acotar la litigiosidad no se haya implementado aún luego de 7 años y medio”.

Habitualmente, cuando un trabajador tiene un accidente en el ámbito laboral o en el trayecto al trabajo o de vuelta a la casa, la ART contratada por su empleador responde y cubre los costos de su atención médica. En muchos casos, la empresa le determina que quedó con 0% incapacidad, y lo mismo le dicen en la comisión médica, que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sin embargo, muchos deciden plantear un juicio y es ahí donde actúan los peritos, que cobran en función del resultado de la demanda.

“Se le genera una incapacidad cuando no la hay, y además le suman los intereses luego. En 2023 hicimos un estudio y de todos los juicios ingresados, que fueron 117.000, el 88% fueron casos de 0% incapacidad. Todavía no están resueltos, pero muy probablemente terminen con un promedio de 12% de incapacidad”, detalló la presidenta de la Uart. El costo promedio del punto de incapacidad ronda los 800.000 pesos.