Inflación, dólar y gasto: los ejes del Presupuesto que debate el Senado

El Senado de la Nación debate este viernes el Presupuesto 2026, una de las leyes centrales de la agenda económica del Gobierno, que fija las proyecciones macroeconómicas y el esquema de gastos y recursos para el próximo año. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora enfrenta una discusión marcada por diferencias políticas y cuestionamientos sobre algunos artículos clave.

El texto presupuestario establece las variables económicas que servirán de base para la política fiscal y monetaria de 2026, en línea con el objetivo oficial de sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Las proyecciones económicas

Entre los principales supuestos macroeconómicos incluidos en el Presupuesto se destacan:

* Inflación anual del 10,4%, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

* Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, impulsado por el consumo y la inversión.

* Tipo de cambio oficial promedio de $1.423 por dólar hacia fines de 2026.

* Superávit fiscal primario del 1,5% del PBI, con superávit financiero.

Desde el Gobierno aseguran que estas metas son consistentes con el programa de ordenamiento macroeconómico y con la eliminación del financiamiento monetario del déficit.

Gasto público y prioridades

El proyecto prevé un gasto total cercano a los $148 billones, con una fuerte concentración en partidas sociales. Según el detalle oficial, alrededor del 85% del presupuesto se destinará a jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales, salud y educación.

Entre las asignaciones más relevantes figuran:

* Recursos para el sistema previsional, que concentra la mayor parte del gasto.

* Fondos para universidades nacionales, aunque con nuevas exigencias de control y rendición.

* Partidas para salud y programas sociales, en un esquema de gasto más acotado que en años anteriores.

Los artículos que generan conflicto

Más allá de las cifras macro, el debate político se concentra en dos artículos del proyecto que despertaron fuertes críticas de la oposición.

Uno de ellos es el que propone eliminar las asignaciones mínimas obligatorias para educación, ciencia y tecnología, lo que, según los bloques opositores, deja esos sectores sujetos a la discrecionalidad del Ejecutivo.

Otro punto cuestionado es el artículo referido a las universidades, que condiciona el giro de fondos al cumplimiento de requisitos administrativos y de información, una cláusula que fue rechazada por rectores y legisladores de distintos espacios.