Le dieron prisión preventiva al juez Bailaque pero se salva por los fueros

El juez de garantías Eduardo Rodrigues Cruz dispuso este miércoles la prisión preventiva de su colega Marcelo Bailaque, quien fue imputado este miércoles de manera formal por tres causas graves que lo tienen como protagonista, acusado por presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. El juez respondió al planteo del fiscal Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien además  al Consejo de la Magistratura que Bailaque sea destituido, ya que por tratarse de un juez en funciones no puede ser detenido. Además, piden apartarlo de las causas que tiene a su cargo y el fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, solicitó el embargo de sus bienes: inmuebles, una embarcación y un vehículo.

En una audiencia realizada este miércoles, Velasco sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento probatorio debido a la función de Bailaque como magistrado. Bailaque es investigado por no haberse excusado de intervenir en una investigación de una causa contra el narco rosarino Esteban Alvarado, condenado por instigar el homicidio de un prestamista, y la cual se tramitó en el 2013. Según la investigación, el magistrado tenía como asesor contable personal al Gabriel Mizzau., que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014.

Al momento de la imputación, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le atribuyeron a Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa contra Alvarado que estaba en su despacho desde 2013. Concretamente, lo acusaron de haber demorado escuchas telefónicas a Rosa Natalí Capuano, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas. En su defensa, Bailaque argumentó que las intervenciones telefónicas a la ex mujer de Alvarado que pedían los fiscales eran “infundadas” y que la causa igualmente terminó en un juicio oral. Sobre el contador Mizzau, en la audiencia de hoy admitió que son amigos pero aseguró que están distanciados por otro motivo.

Otra de las investigaciones, apunta al desempeño del juez en el marco de un proceso judicial que involucró a dos cooperativas (Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y San Lorenzo) y una financiera cuyo titular habría sido Fernando Whpei, señalado como amigo del juez. Esa causa judicial se inició en 2019 en el Juzgado Federal de Campana y derivó en la detención del titular de la Cooperativa, quien fue acusado de los delitos de administración fraudulenta, lavado y asociación ilícita. En el marco de ese proceso judicial, las cuentas bancarias, cajas de ahorros y depósitos a plazo fijos fueron embargados. Sin embargo, con posterioridad, el Juzgado declaró la incompetencia territorial del caso y envió las actuaciones al Juzgado de Bailaque en Rosario.

Cuando se radicó el expediente en suelo rosarino, el juez investigado liberó los fondos de la Cooperativa en diciembre del 2020 (por sumas cercanas a los 150 millones de pesos) que la entidad opere financieramente con una sociedad anónima y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales,que regentea Whpei. El juez se defendió este jueves argumentando que no designó al interventor sino que le renovó su designación. “Fue el interventor el que solicitó el desbloqueo de los fondos. Tampoco fue una orden direccionada para que le den los fondos a una entidad vinculada a Fernando Whpei”, apuntó.

El magistrado también afronta una acusación por delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios público, y prevaricato, a partir de un legajo judicial en donde se investigó el sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa cuya investigación se tramitó en el Juzgado de Bailaque. En ese expediente se arrepintió el ex titular de Arca de Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna.

La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación administrativa en el marco de la ex Afip contra el agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. El segundo paso fue una denuncia anónima para que intervenga el juez federal de Rosario. El objetivo final era extorsionar a los empresarios. Concretamente, pedirles dinero a cambio de cerrar las investigaciones. Pero había otro motivo oculto: una interna en la compañía de seguros San Cristóbal, donde Iglesias aspiraba a un cargo.

Vaudagna reconoció que los financistas terminaron pagando una coima. También contó que la extorsión se acordó en una reunión en la casa de Bailaque, de la que también estuvo el empresario Fernando Whpei, íntimo amigo del magistrado.Según los denunciantes -Oneto e Iglesias-  para desactivar la causa que inició el juez, en cinco entregas consecutivas pagaron 160 mil dólares de los 200 mil pedidos. El primer pago fue de 40 mil dólares. En la audiencia y por medio de un video, el propio Iglesias contó cómo se concretó la extorsión. "Siempre le entregué la plata a Fernando Whpei en su oficina. ‘Esta plata la reparto Claudio, no te vas a creer que yo me quedo con plata'", recuerda Iglesias que dijo Whpei. quien aún no ha sido imputado en esta causa. Bailaque replicó en la audiencia: “No hubo ninguna asociación para hacer la maniobra extorsiva que se dice. No recuerdo que haya estado esa noche Fernando Whpei"

 Avanza hacia un Jury

Ayer sesionó la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde se aprobaron las medidas de prueba solicitadas por el consejero Álvaro González, hace más de un mes, en la investigación contra Bailaque. González, que actúa como consejero instructor, solicitó la remisión de los tres expedientes donde hoy fue imputado, pero aclaró que el Consejo juzga un posible mal desempeño. “En los próximos 40 o 50 días vamos a tener novedades importantes en estos expedientes”, coincidió el senador Luis Juez, titular de la comisión.