Ley ómnibus: los polémicos artículos que empantanaron la negociación

El Gobierno logró obtener el dictamen de mayoría de ley ómnibus en el plenario de comisiones tras duras negociaciones con la oposición dialoguista. Sin embargo, las conversaciones volvieron a empantanarse y la sesión prevista para mañana tuvo que postergarse hasta la semana que viene.

El oficialismo sumó 55 firmas de los 115 miembros del plenario, pero 34 fueron “con disidencias parciales”, incluso de sus aliados más cercanos, el PRO. La UCR se partió por la mitad, de los 16 integrantes del plenario, 8 votaron con el oficialismo y el resto decidió no acompañar ningún dictamen. Fue una forma de hacer explícitas sus intenciones de que el Gobierno siga haciendo cambios en el texto.

Algo parecido ocurrió en el interbloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, ya que la Coalición Cívica, el socialismo de Santa Fe y Margarita Stolbizer firmaron su propio dictamen de minoría, por separado del peronismo que rechazó el texto por completo.

Las retenciones siguen siendo el principal foco de conflicto. El jueves pasado el Gobierno había dado el primer paso para acercar posiciones cuando envió a Santiago Caputo, el principal estratega del oficialismo, a informar que aceptaban eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales, pero dejaba firme la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz.

Aunque el gesto fue bien recibido, la oposición dialoguista e incluso sectores del PRO señalaron que no era suficiente. Buscan que no haya ningún aumento de retenciones y presionan para que el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo acepte “compensar” esos recursos que no ingresarán en las arcas públicas poniendo el foco en otros gastos tributarios.

Por ejemplo, desde la Coalición Cívica insisten en suprimir o modificar el régimen de promoción y los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego, que calculan le cuesta al Estados u$s1.000 millones al año.

En ese sentido, proponen la eliminación del ‘crédito fiscal presunto’ de IVA que constituye un mecanismo, que permite a las empresas de Tierra del Fuego cobrar el IVA a sus clientes (consumidores o retailers) y no ingresarlo al Estado, sino capitalizarlo como ganancia. Además, buscan la eliminación de los aranceles a la importación de celulares y notebooks para que haya más competencia y que las empresas beneficiarias del Régimen de Tierra del Fuego no trasladen a precios la pérdida de beneficios fiscales.

Desde el radicalismo también señalaron que algunas economías regionales no figuran en el listado oficial de 35 sectores que continuarán teniendo retenciones cero.

Por otro lado, los libertarios dejaron de lado su plan original relacionado con las jubilaciones: eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. En cambio, habían accedido a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero.

La alternativa de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego comenzar a actualizar en base al IPC del mes anterior fue considerada “superadora”. No obstante, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%. Por eso, la oposición sigue reclamando alguna compensación extra para que el “empalme” no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde enero.

En un fuerte cruce con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el jefe del bloque radical Rodrigo De Loredo adelantó que los radicales no votarán estos dos capítulos si no se hacen nuevos cambios.

“Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley”, dijo en respuesta a la advertencia del ministro, que había advertido que si se cae la Ley Ómnibus, “el ajuste será mayor en las provincias”.

Dado que Unión por la Patria tiene 99 diputados (hoy sufrió la fractura de tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo) y el Frente de Izquierda suma otros 5, todos los artículos de la ley parten de la base de tener 104 votos en contra. Por lo tanto, el rechazo de los 34 diputados de la UCR o de una parte importante del bloque, alcanza para llegar a una mayoría de 129. “Podemos rechazar cualquier artículo si el Gobierno no negocia”, advertía una diputada radical al cierre del plenario.

En otro intento de alcanzar consensos, el oficialismo acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales que pueden ser privatizadas. El radicalismo impulsa que la venta de cada empresa se trate por separado y reclama que los pliegos de venta tengan que tener aprobación del Congreso. En tanto, el bloque de Pichetto también se resiste a la enajenación de Arsat, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD.

Respecto a la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, los gobernadores propusieron al principio de la semana que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional debía ser utilizado para saldar las deudas con las cajas provinciales y para pagar los juicios jubilatorios, que rondan los 300 mil.

A pesar del visto bueno de los gobernadores, aún persistían las dudas dentro del radicalismo que no se siente cómodo liquidando los activos del fondo.

Finalmente, tampoco fue suficiente que el oficialismo haya aceptado que las facultades delegadas sean por un año, renovable por otro año con acuerdo del Congreso (la propuesta original era 2+2 a discreción del Poder Ejecutivo).

La Coalición Cívica impulsa eliminar por completo las facultades delegadas mientras que la UCR quiere restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades.

“Nuestro partido nunca las votó, nació por no votarle delegaciones a Domingo Cavallo en 2001. Aunque acotadamente le vamos a ofrecer emergencias al Gobierno”, adelantó Juan Manuel López durante el plenario de comisiones.

La falta de consenso representa una problema político para el Gobierno pero también económico en el corto y mediano plazo, ya que su compromiso de alcanzar el déficit cero -piedra fundamental de su plan económico- parte de la premisa de que el Estado recaudará más con el aumento de las retenciones (y Ganancias) y podría utilizar las jubilaciones como variable de ajuste.