Las cuevas por las que circula el dinero de los narcos

Las mutuales con dueño

Por Germán de los Santos y Hernán Lascano

“No es aceptable que en una ciudad como Rosario, donde tenemos más de 200 homicidios en lo que va del año, personas que manejan mutuales presten dinero sin tener la precaución de pedir siquiera una constancia de monotributo al solicitante. Es un fenómeno normalizado que debe dejar de estarlo. Esta es una actividad al margen de la ley que alimenta y permite que proliferen los delitos de sangre”.

El fiscal Luis Schiappa Pietra estaba al costado del presidente y de un intermediario de la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral. Solo eso impidió que los mirara a los ojos. Ambos habían quedado detenidos por lavado de activos e intermediación financiera ilícita. Era un sábado de septiembre de 2022. Los habían apresado cuatro días antes por venderle dólares a una mujer investigada por comercio de drogas.

La mutual donde lo hacían funciona en los pisos 6 y 8 de España 889, en el centro, a metros del Arzobispado de Rosario. En ese operativo fue incautada una significativa cantidad de dinero, según los fiscales actuantes sin respaldo en operaciones lícitamente registradas. Los imputados eran el presidente de la mutual, Juan Carlos Vagliente y una persona que le derivaba clientes, Américo Márquez. Este último era el hilo que condujo a los allanamientos.

El motivo es que su número aparecía agendado como “Eduardo Dólares” en el celular de Sandra Calegari, una mujer conectada con Pablo Nicolás Camino, preso en la cárcel de Piñero por homicidio y sindicado como actor relevante del comercio de drogas en zona sudoeste, a la vez con vínculos con el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. En la pericia forense del celular de Calegari surgían los detalles de las operaciones financieras entre la mujer y el intermediario.

Al presidente de la mutual le atribuyeron ingresar en el sistema financiero formal el dinero informal de Sandra Calegari. Para ello el directivo puso a disposición la estructura de la mutual. Los fiscales resaltaron que la entidad no contaba con autorización por parte del Banco Central de la República Argentina para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas.

Una obviedad del todo obvia. Pero las operaciones se hacían a decenas todos los días en cuevas o mesas de dinero de la ciudad. En Rosario estos ámbitos invisibles empezaron a iluminarse con el resplandor de los muertos. Y los fiscales de la audiencia lo dijeron. Para que algo cambie hay que empezar a mostrar los estragos de lo evidente.

Los defensores adujeron que las operaciones objetadas habían sido por una cantidad baja de dinero. Los fiscales replicaron que el monto era un detalle. Lo relevante era que la compradora aparecía ligada a un grupo delictivo y las operaciones se hacían con habitualidad. La opacidad de esos manejos también multiplicó rumores que llegaron al Centro de Justicia.

Uno de ellos que parte de la cantidad incautada era de un dirigente político conocido que hacía negocios en la mutual y que difícilmente fuera a realizar un reclamo.

En el medio del maltrato de la violencia y de los hijos muertos de la ciudad, los operativos contra las mutuales, cooperativas y cuevas empezaron a ser rutina. Lo que comenzó a tallar entre empresarios e inversores en general fue el miedo a hacer negocios en el mismo lugar que los narcos. Las mutuales por primera vez fueron investigadas por lavado o receptación de origen dudoso.

Un productor agrícola quiere regularizar el dinero que evade. También puede ser un político que obtuvo dinero de la corrupción. O un traficante del mercado de trata. O un distribuidor de droga. En Santa Fe todos ellos tienen un gran sistema a su disposición en las mutuales que funcionan en pequeñas localidades y que están en Rosario también. Les ofrecen allí los mecanismos de cambio de cheques. Va un asociado a la mutual y deposita el cheque de un tercero. La mutual lo lleva al banco, consigue el dinero y lo deja a disposición del asociado. El asociado puede ser un comerciante que dice que la plata provino de su negocio lícito.

Santa Fe, que es la provincia que alberga a la ciudad más violenta del país, es también la que tiene más cantidad de mutuales. Estas entidades asociativas cumplen en su mayoría un rol social de enorme utilidad comunitaria. Ofrecen servicios en pequeñas localidades donde no hay bancos o donde el Estado o el sistema financiero no llega. A veces son las que financian el pago de sueldos a empleados de comunas. Tienen proveeduría, farmacia y obra social en regiones a veces olvidadas. Pero el grueso de la ayuda es económica. Presta, oficiando de caja, o recibe depósitos como caja de ahorro o cuenta corriente.

Pero los controles sobre las mutuales son muy laxos y los interesados diversos en blanquear dinero son los primeros en saberlo. El Banco Central no tiene supervisión sobre las mutuales y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que es la autoridad de aplicación, no tiene en la práctica capacidad regulatoria.

En los hechos, dicen los conocedores del sistema, las mutuales tienen a un conjunto de asociados que mueven dinero en efectivo o cheques de terceros de actividades oscuras haciendo de fronting para presentar la plata. El argumento de las mutuales para avanzar en las operatorias es que al asociado se lo conoce y es intachable. Sin trazabilidad en la documentación el dinero que se gestiona puede provenir de cualquier lado.

En una economía poco bancarizada la actividad poco controlada de las mutuales es un puente de blanqueo del dinero obtenido en forma lícita pero que no paga impuestos, lo que no es dinero negro sino gris, y obviamente del que viene también de actividades no lícitas o criminales.

Existe un runrún que ya pasó la frontera del rumor y que cuentan directivos genuinamente preocupados de las mismas mutuales: hay asociados que en realidad compran las mutuales.

Las adquieren con cantidades siderales de efectivo que atajan de donde sea. El mecanismo de estos capitalistas es tener un plantel propio, sus hombres de paja, que serán los directivos de confianza que en el futuro manejarán la estructura gerencial y administrativa. Eso es lo que se necesita para lavar. El fenómeno de las mutuales con dueño es algo que en Rosario y en pueblos de Santa Fe dista de ser un secreto. La lógica permisiva de estas entidades son una ancha avenida de ingresos del capital narco.

Los ejemplos sobran y cada tanto están en las noticias. La aparición de una avioneta con droga a inicios de 2020 en San Justo, 200 kilómetros al norte de Rosario, fue el primero de una sucesión de actos que condujeron al allanamiento a una mutual. La trama fue descubierta por el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, en una investigación por narcotráfico iniciada a partir del aterrizaje forzoso de la aeronave que venía de Paraguay cargada con 200 kilos de cocaína el 22 de febrero de 2020. La pesquisa conectó ese cargamento con dos personas prófugas y con captura recomendada. Eran Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, que son pareja.

Hilando más fino el fiscal Rodríguez detectó una asociación dedicada al fraude fiscal mediante la utilización de SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas), un mecanismo impulsado por ley en 2017, que permite crear una empresa en 24 horas, con requisitos y controles mínimos. Esto le había permitido a la banda generar compañías a lo pavote para mover y lavar dinero del comercio de drogas.

A los seis meses pidieron allanar empresas y domicilios en Rosario por el incidente de la narcoavioneta. ¿Cómo se relacionaban? El fiscal Rodríguez avanzó con los vínculos entre la avioneta que el 22 de febrero ingresó al país y la avioneta que apareció abandonada con 200 panes de cocaína. La información aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos indicó que el destino de la aeronave podía haber sido cercano a Venado Tuerto, Santa Fe o Rosario.

Al avanzar en la pesquisa surgió que la droga tenía relación con Melgarejo y Casco. Luego quedaron al desnudo las conexiones societarias de estos, por un lado, y el hecho de que el posible destino final de la sustancia trasladada por la avioneta fueran los socios en Rosario.

Se tomaron medidas para establecer dónde estaban Melgarejo y Casco. Para ello se levantó el secreto fiscal y se avanzó en la búsqueda de información de datos financieros y comerciales. Eso arrojó como resultado que eran el núcleo de un conglomerado de sociedades del mismo tipo que presentaban características similares y entrelazadas.

Varias de esas conexiones estaban en Rosario y motivaron los 16 allanamientos. El último fue el de la mutual 23 de Julio, de la calle San Martín al 2300, por la relación especial con la firma de una mujer que se desempeñaba allí.

Lo que se investigaba era la conformación de una asociación dedicada a cometer ilícitos tributarios, a instancia de sociedades por acciones simplificadas y personas que en su conjunto emitieron 8544 facturas por casi cinco millones de dólares.

Los que trastabillaron en la mutual fueron el presidente y su tesorera. Los acusaron por confeccionar facturas falsas por siete millones de pesos que equivalían, al momento de la maniobra, a 50.000 dólares. Como dijo el fiscal en la audiencia, a veces no cuenta el volumen del monto, sino la reiteración de las operaciones y el significado.

Las empresas vinculadas a los dos narcos de Santa Fe habían llamado la atención por no tener acreditaciones bancarias que coincidieran con las facturas emitidas. Tampoco retenciones que demostraran una actividad comercial real. Los domicilios de las firmas eran inexistentes. Y algunos de ellos tenían relación con puntos de venta de droga al menudeo que, según el fiscal federal Rodríguez, se encontraban asociados a “la banda narco criminal vulgarmente conocida como Los Monos”.

En abril de 2023 el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, fue al Congreso de la Nación a describir detalles de cómo los narcos en la provincia habían usado unas cuarenta empresas dibujadas mediante el régimen de las SAS, creado en 2017, para generar facturas truchas y lavar dinero.

Se trató de un proyecto de ley para adoptar mecanismos de transparencia en este tipo de sociedades para que puedan ser utilizadas por personas que quieran desarrollar una actividad económica legítima y no quienes la usan como herramienta para blanquear dinero.

La plata serpentea entre el campo lícito de las finanzas y los grupos criminales. Se ve en las mutuales, en los mecanismos de evasión, en la facturación trucha. Pero también se nota al seguir cuarenta cuadras al valijero que retira la plata de un quiosco barrial de drogas y advertir su ingreso en una financiera legalmente inscripta que pertenece al expresidente del puerto de Rosario. O se nota igualmente cuando balean a un deudor insolvente de una firma prestadora de efectivo para que pague lo que debe. Y un fiscal provincial detectó que quien habría dado las órdenes para lograr ese cobro, con ese método, es la esposa de Daniel Corbellini, el exdirector de la Policía de Investigaciones de toda la provincia, y de la central operativa que maneje toda la información estratégica sobre el despliegue de patrullas.

El dinero es la región más transparente.