Las casas de cambio pierden terreno y quedan 40 en el país

El fin del cepo y de la brecha cambiaria reconfiguró el negocio de comprar y vender dólares en Argentina. En paralelo, el mapa de operadores se achicó fuerte. En tres años, la cantidad de casas de cambio habilitadas por el Banco Central cayó a un tercio de las que había al final de la gestión de Alberto Fernández. 

Hacia finales de 2022, el padrón del Banco Central registraba algo más de un centenar de operadores activos entre una docena de casas de cambio y más de 90 agencias, un volumen que ya se encontraba lejos del pico previo a la pandemia. En poco menos de cuatro años, apenas sobrevivieron cerca de 40 firmas en pie en todo el país, con el segmento estricto de casas de cambio reducido a tan solo siete entidades en funcionamiento.

Detrás de esta "poda" existe una transformación "natural" del negocio y un mayor control de la autoridad monetaria. El Central de Santiago Bausili detectó maniobras con sociedades "pantalla" utilizadas para desviar divisas del circuito oficial al mercado paralelo.

Para entender qué pasó con los operadores de cambios en Argentina, hay que remontarse una década atrás. A finales de 2015, con la salida del cepo en la presidencia de Mauricio Macri, se flexibilizaron las condiciones para abrir una entidad cambiaria y proliferaron desde ese entonces las licencias. Hacia finales del gobierno macrista, con la reinstauración de los controles cambiarios, se mantuvieron estas "facilidades" para los operadores de cambios, que con la vuelta de la brecha entre el precio del dólar oficial y las cotizaciones paralelas vieron crecer nuevas ramas para su negocio.

Mientras las restricciones al acceso a divisas aumentaron, el BCRA mantuvo intactas las normas sobre estas agencias y no les aplicó las exigencias que rigen para los bancos, tales como la identificación estricta de accionistas, la autorización previa para la venta de firmas o el cambio de directores y el control sobre los auditores.

El Banco Central detectó después que esa brecha normativa permitió que surgiera algo que se conoció como "un mercado secundario de licencias". Se trataba de grupos que operaban fuera de la regla; compraban esas estructuras para operar durante dos o tres meses. Cuando el organismo regulador iniciaba inspecciones, los operadores descartaban la sociedad y saltaban a otra habilitación. El esquema consistió en canalizar compras de divisas al tipo de cambio oficial mediante operaciones no genuinas para alimentar la plaza informal.

La respuesta del Central se tradujo en revocaciones masivas de licencias y denuncias judiciales. La mayor parte de las bajas obedeció a inactividad o a sanciones directas. Ahora, el organismo considera que casi la totalidad de las firmas sin actividad real quedó cancelada, aunque aún tramita expedientes residuales.

En paralelo, la Justicia tramita cuatro causas penales con informes técnicos girados por la autoridad monetaria. Además, los fueros Penal Económico y Contencioso Administrativo Federal recibieron decenas de sumarios concluidos con pedidos de multas millonarias contra las sociedades y sus directivos.

Según informó Clarin, en medio de este ajuste regulatorio, el negocio de los operadores de cambio terminó de "rematarse" con la salida del cepo, a partir de abril del año pasado. Las restricciones normativas y la obligación de bancarizar las compras minoristas restaron rentabilidad a la operación tradicional. En el medio, el avance del negocio digital le dio un nuevo impulso a bancos, casas de bolsa y aplicaciones financieras que permiten acceder al dólar, sin necesidad de intercambiar billetes físicos.

Mientras el grueso de las operaciones cambiarias se hace actualmente por homebanking o las distintas apps fintech, todavía existe una demanda asociada al turismo, sobre todo en la zona de fronteras, y a algunas operaciones de comercio exterior.