Las acusaciones que sostienen la causa penal contra Bioceres

La denuncia penal que el empresario rosarino Sergio Airoldi impulsó contra el directorio de Bioceres abrió una segunda capa de lectura.Ya no se trata solamente de pagarés impagos ni de una inversión fallida. Lo que ahora se busca reconstruir es el entramado financiero y societario que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría permitido captar fondos en el mercado local mientras Bioceres SA perdía músculo patrimonial para responder frente a sus acreedores.

En la causa, la defensa de Airoldi marca un punto de partida concreto. AIR Computers S.R.L. suscribió pagarés emitidos por Bioceres SA por u$s2 M. De ese total, cobró u$s250.000 y reclama un saldo impago de u$s1,75 M. En base a la denuncia patrocinada por Froilán Ravena y Renzo Biga, del estudio Peyrano-Ravena & Asoc., el incumplimiento es apenas el tramo final de una secuencia más amplia.

La hipótesis que llegó a la Justicia es que Bioceres SA habría arribado a la emisión de pagarés de 2024 en una situación delicada, que no coincidía con la imagen pública asociada al grupo, presentado como uno de los grandes casos de éxito del biotech argentino, con la tecnología HB4 como bandera y presencia indirecta en el Nasdaq.

En este sentido, un nombre clave en la causa es el de Federico Trucco, histórico CEO de Bioceres Crop Solutions -la firma del grupo listada en Nasdaq- y, al mismo tiempo, director titular de Bioceres SA. Para fuentes allegadas al denunciante, esa doble condición resulta relevante porque lo ubica tanto en la estructura internacional que proyectaba solidez como en la sociedad local, que emitió los pagarés cuestionados.

El primer movimiento bajo sospecha aparece en 2021, cuando el grupo avanzó con una reorganización societaria, que habría implicado la transferencia de activos relevantes desde Bioceres SA hacia otras sociedades vinculadas. A cambio, la SA local habría recibido créditos intercompany pactados a una tasa del 5,5% anual.

Allí está uno de los nudos del caso. Bioceres SA habría cedido activos reales -incluidas participaciones en subsidiarias y vehículos vinculados al universo BIOX- y los habría reemplazado por créditos contra compañías del propio grupo. Según la información a la que pudo acceder este medio, la operación total rondaría los u$s76 M y, dentro de ese esquema, unos u$s44,6 M habrían quedado registrados como préstamos intragrupo sin recupero efectivo.

La lectura de los denunciantes es que esa ingeniería debilitó a la sociedad, que después salió a buscar dinero en el mercado argentino. En términos simples: la caja y los activos se movían hacia arriba o hacia los costados del grupo, mientras la sociedad local seguía siendo la cara que tomaba deuda.

El diferencial de tasas es otro elemento central. La acusación sostiene que Bioceres SA financiaba a sociedades del grupo al 5,5% anual, mientras el grupo tomaba deuda de terceros a tasas más altas, de entre 8% y 20% anual. Para los abogados de Airoldi, “esa diferencia no fue un dato menor de ingeniería financiera sino una forma de transferir rentabilidad desde la SA local hacia otras compañías del entramado”.

La consecuencia, de acuerdo con esa reconstrucción, fue un deterioro progresivo de los resultados individuales de Bioceres SA. Las pérdidas habrían pasado de unos $102 M en 2022 a $1.521 M en 2023 y $5.283 M en 2024. “Ese recorrido es clave para sostener que el problema patrimonial no apareció de golpe con el default de los pagarés, sino que venía madurando desde antes”, afirmaron en la denuncia.

Una millonaria fianza oculta

A ese cuadro se suma una fianza por aproximadamente u$s144 M. Fuentes del caso indicaron que Bioceres SA se habría constituido como fiadora de obligaciones asumidas por Bioceres LLC y THEO I SCSp frente al fondo Draco. El monto equivalía a casi tres veces el patrimonio neto individual que la sociedad mostraba al 30 de junio de 2023.

Ese dato es sensible porque la fianza no habría sido expuesta como pasivo contingente en los estados contables individuales al 30 de junio de 2024, certificados por Price Waterhouse & Co. S.R.L. Para el estudio jurídico, la omisión resulta relevante porque los inversores necesitaban conocer si la emisora tenía compromisos capaces de afectar su solvencia.

Con ese telón de fondo llegaron los pagarés. Entre enero y agosto de 2024, Bioceres SA emitió instrumentos bursátiles por aproximadamente u$s36 M en el segmento no garantizado del MAV. AIR Computers ingresó con dos operaciones de u$s1 M cada una. La primera fue el 25 de abril de 2024, dividida en cuatro pagarés de u$s250.000, con FYO Capital SA como colocador. La segunda fue el 28 de julio de 2024, en cinco pagarés de u$s200.000, con LBO como intermediario.

Fuentes cercanas a Airoldi señalaron que de la primera serie se cobró solo uno de los pagarés y los tres restantes quedaron impagos. En la segunda serie, todos los vencimientos permanecen incumplidos. La pérdida directa para AIR Computers asciende a u$s1,75 M, pero el universo bajo análisis es más amplio: los tenedores argentinos de pagarés reclaman por una exposición cercana a los u$s36 M.

En la argumentación, la clave no está únicamente en que Bioceres no haya pagado, sino en qué sabía su directorio cuando salió a emitir estos instrumentos. La causa apunta a probar que, al momento de captar fondos, la compañía ya conocía la fragilidad de su situación individual: pérdidas acumuladas, créditos intercompany de cobro dudoso, una fianza millonaria y activos que habían salido de la SA local.

La ramificación internacional de los fondos

La ruta posterior del dinero completa el cuadro. La acusación sostiene que los fondos captados a través de los pagarés no habrían quedado dentro de Bioceres SA, sino que habrían sido derivados hacia otras sociedades del ecosistema bajo conceptos como “capital de trabajo” y “cancelación de deuda”. Entre las firmas mencionadas aparecen SF500, GentleFarming, Heritas y THEO I SCSp.

Ese recorrido llevó a plantear una hipótesis más grave que el simple incumplimiento financiero. Para Airoldi, los fondos captados localmente habrían circulado por una estructura con ramificaciones en Argentina, Estados Unidos, Reino Unido y Luxemburgo, dificultando la trazabilidad y alejando los recursos de la esfera patrimonial de Bioceres SA.

El capítulo final es la quiebra. La denuncia sostiene que el autopedido de quiebra de Bioceres SA terminó consolidando el perjuicio para los acreedores locales. Pero además introduce un dato de fuerte impacto: la desconsolidación de Bioceres SA, Bioceres LLC y THEO I SCSp habría generado para Moolec Science SA una ganancia contable de u$s100,8 M.

La foto que intentan instalar los denunciantes es que mientras los inversores argentinos quedaron expuestos a pagarés por unos u$s36 M, una sociedad de la estructura internacional habría registrado un beneficio contable superior a los u$s100 M. Para los abogados de Airoldi, ese contraste resume la lógica de la maniobra: pérdidas concentradas en acreedores locales y beneficios desplazados hacia otra escala del grupo.

La causa penal menciona presuntas maniobras de administración fraudulenta, estafa, falsedad ideológica, insolvencia fraudulenta y lavado de activos. La calificación definitiva dependerá del avance de la investigación judicial.

En Bioceres, hasta ahora, rechazan las acusaciones y sostienen que la situación debe analizarse dentro del marco de una crisis financiera y societaria compleja. Además, acusaron al denunciante de “extorsión”. Consultado por esas declaraciones, Ravena apuntó: “La anunciada denuncia por extorsión no nos sorprende. Es la respuesta esperable de quienes no tienen argumentos jurídicos para rebatir los hechos que se denunciaron”.

A su vez, agregó: “Pretender que el ejercicio del derecho de acudir a la Justicia configure extorsión es una afirmación que no resiste el menor análisis en ningún tribunal del país y demuestra una ignorancia supina del derecho, que solo puede entenderse como un intento de amedrentar a nuestro cliente, cosa que por cierto está lejos de suceder sino todo lo contrario. En cuanto al fuero federal, la indignación que les genera habla por sí sola: si los directores de Bioceres son inocentes, como proclaman, no tienen absolutamente nada que temer de ninguna jurisdicción. Que su primera reacción pública sea atacar el fuero y amenazar con contradenuncias en lugar de dar explicaciones sobre todos los hechos que se consideran ilegales, confirma que el camino elegido fue el correcto”.

El proceso judicial será clave para determinar si detrás de los pagarés impagos hubo solo una crisis financiera o una maniobra organizada que terminó comprometiendo u$s36 M de inversores argentinos.