Juicios laborales suben por la escalera en el país y en Santa Fe por el ascensor

De acuerdo con los datos elaborados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo  (Uart), 2024 se consagró como un año de altísima litigiosidad alcanzando un total de 125.842 nuevos juicios laborales, sólo por riesgos del trabajo.

Solo en diciembre se iniciaron 8.910 demandas en el país, una cifra que permite dimensionar el tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que impacta sobre la solvencia del Sistema de Riesgos del Trabajo y se extienden a toda la estructura productiva, incluso hasta los trabajadores, afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad.

En 2023 las demandas iniciadas por esta causa sumaron 117.348. Y si bien desde UART y muchas otras instituciones empresariales y profesionales abocadas a la temática del empleo, se alertó acerca de esta distorsión, 2024 adicionó 6.8%, sumando casi 8.500 demandas más.

Ranking de demandas por provincia
En orden de participación, Provincia de Buenos Aires es la más litigiosa con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4.5%.

La sigue Caba con 22.946 litigios en el año, el tercer lugar lo ocupa Santa Fe, con 16.439 juicios en el año, (1137 solo en diciembre) y un incremento anual de 21,5%. En cuarto puesto está Córdoba con 10.424 anuales, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4.2%. Mendoza la sigue en el podio de las 5 grandes con, 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18%.

Causas y soluciones
Según el análisis de la Uart, estos números, que no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador, sino en gran medida por la demora de la Justicia de cada provincia adherida a la Ley 27348 para crear los cuerpos médicos forenses. Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las comisiones médicas del Sistema. Cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la ley nacional 27.348 determinó 15 días hábiles, lapso que rige en Caba. El retraso en adecuarse a lo exigido por ley, y completar la reforma, generó un efecto bumerán que hicieron volver a la cantidad de demandas casi al punto de partida.

La entidad cameral reclamó un “urgente" reordenamiento de las pericias judiciales, a partir de la constitución de:
- Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.
- Que se cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias.
-Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.

Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo, en un período en el que la competitividad de las empresas está sometida a un gran estrés.