Imputan a Bailaque por corrupción, delito narco y beneficiar a financista

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque fue imputado en los tribunales federales por corrupción, vínculos con el narcotráfico y beneficios a un financista. Fiscales le atribuyen maniobras en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa Rosa Natalí Capuano –con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau–, irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que estaba intervenida para favorecer a un financista amigo, y haber realizado una serie de medidas en un legajo en el que resultó afectado un empresario que fue denunciado de manera anónima por lavado y evasión y fue allanado en un rápido trámite del magistrado, que tiempo después le dictó falta de mérito.

El juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz este viernes tendrá que responder un pedido de recusación por haber sido uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó el 31 de octubre por lavado a Esteban Alvarado a la pena 5 años de prisión. En esa causa, justamente, se le impuso una condena por un entramado societario del capo narco que este jueves fue uno de los ejes de la imputación.

Las imputaciones estuvieron a cargo de los fiscales Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra (Procunar) y Federico Reynares Solari (Ministerio Público Fiscal distrito Rosario), quienes estuvieron junto con el fiscal coordinador Fernando Arrigo, acompañados vía Zoom por el titular de la Procelac Diego Velasco y de la Procunar Diego Iglesias.

Las tres causas que le valieron las imputaciones a Bailaque fueron por intervenciones que realizó cuando era titular del Juzgado de Instrucción N° 4 de Rosario, antes de pasar a ser juez de Garantías en mayo de este año ante la puesta en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Antes de empezar con las acusaciones al juez, los fiscales Scilabra y Argibay Molina imputaron por lavado de activos a los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino. Es por haber brindado “asesoramiento contable” al entramado societario por el que fue condenado por lavado el capo narco Alvarado. Según afirmaron, ambos hicieron los trámites de registración y confeccionaron los informes y estados contables de las firmas TOIA, Logística Santino, Sagrado Corazón de María y EDRA, todas empresas puestas a nombre de persona del entorno del narcotraficante.

Después de eso, los fiscales atribuyeron al juez Bailaque no haberse excusado al intervenir en la instrucción de una causa por narcotráfico contra Esteban Alvarado que estaba en su despacho desde 2013, donde ya se lo sindicaba como traficante y vendedor de droga de Rosario. Según explicaron, llamativamente demoró intervenciones telefónicas de Rosa Natalí Capuano –ex esposa del narcotraficante–, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas. De acuerdo a lo señalado, el juez que intervino en el legajo tenía de contador personal a Mizzau, quien a su vez era quien llevaba la contabilidad del narco que tenía que investigar.

Por si fuera poco, los representantes del Ministerio Público Fiscal añadieron que Sebastián Mizzau, hijo del contador, fue empleado del juzgado de Bailaque por varios años, hasta que hace pocos meses pasó a trabajar en un tribunal oral federal de la ciudad.

Scilabra y Argibay Molina pidieron el listado de llamadas entrantes y salientes del celular de Bailaque entre 2014 y 2018 para analizar la totalidad de sus comunicaciones, a la vez que solicitaron el levantamiento del secreto fiscal para pedir ante el Consejo de la Magistratura si las declaraciones juradas del juez de ese período fueron firmados por Mizzau.

La segunda imputación fue por incumplimiento en los deberes de funcionario público y prevaricato. Reynares Solari relató el derrotero de una causa judicial que tuvo su origen en el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien detuvo a Herme Juárez, alias “Vino caliente”, quien históricamente estuvo al mando de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. En el avance del caso, también dispuso la intervención de la cooperativa y el bloqueo de los fondos, en un monto estimado por entonces en mil millones de pesos.

Por una cuestión de competencia, el manejo del dinero de la cooperativa portuaria pasó a Rosario y recayó en Bailaque, quien autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es el financista Fernando Whpei.

Después de esa medida, un grupo de estibadores de la cooperativa pidió constituirse como querellante y presentó una recusación a Bailaque al señalar que había girado la plata a una entidad que no está regulada por el Banco Central y que además está en poder de su amigo Whpei.

El juez no hizo lugar a la recusación y fundamentó que en esa mutual iba a tener mejor rendimiento el dinero que en un plazo fijo en el Banco Nación, ya que tenía una tasa porcentual tres puntos por arriba. La camarista Elida Vidal mantuvo el caso en poder del magistrado, pero al revisarse la resolución, la jueza de Casación Ángela Ledesma ordenó volver a analizar las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones.

Un nombre comenzó a sonar en las comunicaciones entre Bailaque y Whpei: Carlos Andrés Vaudagna, ex titular de la Afo´de Rosario, también investigado, quien según el contenido de su propio teléfono ofreció a un senador nacional del peronismo meter a un grupo dedicado al agro para ocuparse de la cooperativa portuaria intervenida.

Curiosamente, mientras culminaba la audiencia en los tribunales federales, distintas direcciones relacionadas con Vaudagna fueron allanadas este jueves en Rosario, San Jerónimo, Santa Fe y Las Colonias, pero por su posible relación con la causa contra Vicentin.

El tercer caso ventilado en la audiencia fue expuesto por el fiscal Argibay Molina. Tuvo su origen el 14 de agosto de 2019, cuando una denuncia anónima ingresó al despacho de Bailaque enviada desde la Afip, donde se apuntaba por lavado y evasión al agente de bolsa Jorge Oneto y el empresario Claudio Iglesias. “Llama la atención que la investigación se inició a las 12.35 de ese día, cuando la denuncia anónima se hizo a las 12.55. Quienes trabajamos en esto sabemos que esto es infrecuente, hasta el hecho de que se judicialice una denuncia el mismo día cuando ingresa por esa vía”, aseveró.

En ese legajo, para el fiscal, el juez nunca delegó la investigación como solía hacer en la mayoría de sus causas. Subrayó que por las presuntas maniobras que tendieron a perjudicar a Claudio Iglesias para beneficiar a otra persona están bajo sospecha Marcelo Bailaque, su secretario Gustavo Guazzaroni, Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri –hasta finales de junio, vicepresidente de Newell’s–, de la dirección Regional Rosario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Román Scattolon, de la dirección General Aduanera Hidrovía de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; y del abogado y contador Omar Rizzo.