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Negocios

Escala el conflicto

Expensas claras: administradores de edificio irán a la Corte nacional

Patricio Dobal

Es tras el rechazo del recurso administrativo del máximo tribunal santafesino. Los que liquidan gastos centrales le apuntan a Norma López.

Este martes la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se expidió en torno a la constitucionalidad  la ordenanza "expensas claras" y desestimó así un recurso administrativa motorizado en su momento por la Cámara de la Propiedad Horizontal de Rosario que había tenido luz verde en 2022 por el fuero en lo Contencioso Administrativo. 

Una vez conocido el dictamen del máximo tribunal de la Justicia santafesino, los administradores de consorcios confirmaron el trámite ahora “irá a la instancia nacional” y apuntaron directamente contra la concejala Norma Lóoez, autora de la ordenanza que se aprobó en el Palacio Vasallo en 2016 y que oportunamente promulgó el ejecutivo rosarino. La aplicación de la prerrogativa había quedado en suspenso a partir del recurso administrativo interpuesto por la entidad gremial empresaria.

“Queremos dejar en claro que nosotros siempre estuvimos a favor de las expensas claras, y por ello trabajamos incansablemente desde hace años; prueba de eso son los convenios de cooperación con la Municipalidad de Rosario (y su Centro de Asesoramiento Social en Alquileres) y con el Cocir (Colegio de Corredores Inmobiliarios), además de la ordenanza del observatorio de propiedad horizontal y de las innumerables capacitaciones a nuestros asociados”, señaló la Cámara de la Propiedad Horizontal, que comanda el empresario Guillermo Saporito, en un comunicado difundido este miércoles.

El senado acusa a Norma López de “pretender imponer” que la entidad está en contra del programa “expensas claras” y sostiene que la edila actúa “con un fin mediático”. “Judicializar la normativa porque consideramos que el Estado no debe tener facultades sobre el accionar profesional. Y en su lugar debe actuar el ámbito privado mediante un colegio, como tiene cualquier profesión - médicos, abogados, escribanos- y en el mismo debe haber un órgano de control con un tribunal de ética”, sostienen desde la Cámara de la Propiedad Horizontal.

“Pareciera que esto es lo que no logra entender dicha funcionaria -por Norma López-; que la única forma de que verdaderamente haya expensas claras y administradores profesionales que las Ileven adelante es por medio de un Colegio Profesional de Administradores de Consorcios. Por nuestra parte, seguimos reuniéndonos con legisladores de todo el arco político que sí están interesados en mejorar la vida consorcial de la mayoría de los rosarinas y rosarinos, en una ciudad donde dos de cada tres personas viven en propiedad horizontal”, cerraron.

Luego del rechazo de la Corte de Santa Fe, la concejala López recordó que “las administraciones de consorcios judicializaron la normativa porque no querían ser controladas por el Estado para seguir haciendo sus negocios”.

“La Corte Suprema santafesina remarca que la Cámara de la Propiedad Horizontal no tiene representación sobre los consorcistas, estamos hablando de 147 personas, más bien son empleados de ellos. Una cosa es estar legitimado y otra es estar representado por un grupo, en este caso la Cámara no tiene ni una ni otra”, sostuvo la edila.

“La judicialización significaba un grave retroceso para los inquilinos y consorcistas, ya que se alentaba a que los espacios de mediación sean por fuera de organismos estatales, dándole más poder a las cámaras inmobiliarias y de administraciones y debilitando aún más la posición de inquilinos y pequeños consorcistas ante los sectores comerciales que representan las gremiales empresarias”, amplió López.

Al margen del posicionamiento de la concejala, el caso ahora parece llegará a la Corte Suprema de la Nación que primero debe aceptar analizar el recurso administrativo y eventualmente expedirse al respecto.
 

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