Sin grifo de Nación, la Provincia propone emisión de bonos y otras alternativas en las que el financiamiento sale de la billetera privada.
Que las rutas productivas de la provincia de Santa Fe están en estado crítico no es cuento nuevo, más bien es cuento de nunca acabar. Al deterioro de los caminos por los que transitan el grueso de las exportaciones del país -un reclamo que lleva años- se sumó el cierre del grifo de Nación, que obligó al gobierno de Pullaro a rascar mecanismos de financiamiento para reactivar los trabajos en esas rutas y en otras obras determinantes para el sector productivo.
Para no frenar al 100% la obra pública, a fines de abril el gobierno provincial creó un programa de emisión de títulos de deuda por hasta $50.000 M para ejecutar tres obras clave: el Camino del Mozo; el Camino de la Cremería; y el tercer carril de la Autopista Rosario- Santa Fe. Esas obras descomprimirían parte de los accesos cercanos a los puertos y mejorarían el tránsito en la zona portuaria.
Según confirmó Punto biz, un grupo de aceiteras y la Bolsa de Comercio ya comprometieron la compra de esos bonos, en una reunión en la sede de la Bolsa entre el ministro de Economía, Pablo Olivares, y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras.
“Con el financiamiento ya comprometido, licitamos Cremería, y ya abrimos los sobres con las ofertas de las empresas vialeras. También hicimos lo propio con las obras del tercer carril de la autopista a Santa Fe. Falta licitar el Camino del Mozo porque estamos haciendo algunas modificaciones en la traza propuesta por la Bolsa y necesitamos un permiso de Nación para eso”, detalló el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, en diálogo con Punto biz.
Sobre el acceso a Timbúes, donde las obras estaban en ejecución con financiamiento privado, del funcionario aclaró que “se presentaron muchas dificultades porque es una obra que pasa por varios gasoductos, vías férreas, puentes y al gobierno anterior le faltaban varios papeles, como estudios de impacto ambiental, no estaba la traza liberada, entonces estamos haciendo auditorías y completando trámites”.
Según reveló el ministro, las ofertas por las obras en Camino de la Cremería rondan los $7.000 M, mientras que en los sobres para concretar el tercer carril de la autopista a Santa Fe figuraban ofertas a partir de $41.000 M.
“De recibir la autorización de Nación y si todo marcha sobre carriles con esta metodología, mi idea es cuadruplicar el monto emitido para 2025. Eso nos permitiría concretar un plan intenso de mejoras en rutas nacionales, como la 11 y la 33, que son las principales rutas que pedimos que se nos cedan”, explicó Enrico a este medio.
La emisión -que debe ser autorizada en el despacho de Caputo- está prevista en el Mercado Argentino de Valores SA (perteneciente a la Bolsa) y el Mercado Argentino Electrónico de Buenos Aires, y la Provincia ofrece la coparticipación como garantía.
Tal vez pensando a futuro, días atrás Pullaro presentó su modelo de asociación con los privados para financiar obra pública en la Cumbre Federal de Logística. El evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) reunió a jugadores importantes del sector privado, además de convocar gobernadores y dirigentes.
El paquete que Santa Fe quiere transferir a su cargo
Desde abril está la negociación abierta -y aseguran, avanzada- entre Nación y Santa Fe para transferir a la bota el paquete de rutas del complejo portuario local (o mejor dicho, los tramos de esas rutas nacionales que pasan por los puertos).
Esa pulseada arrancó cuando Pullaro y Enrico viajaron a Buenos Aires y volvieron con un acuerdo marco firmado por el Jefe del Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. Allí se puso la primera piedra para la transferencia de los arreglos (las rutas llevan 30 años de deterioro, aclaran desde Provincia) y la concesión de esas rutas. “Se trata de tramos de las rutas 33, 34, 9 , 11, y toda la A012", indicó Enrico.
Como detalle de color, a la reunión con Francos y Giovine, Enrico llevó un video filmado por un camionero que se hizo viral en redes, y que mostraba los pozos de la ruta 11, una arteria fundamental para el complejo agroexportador.
Para concretarse el traspaso, Santa Fe precisa o el aval del Congreso, o un decreto presidencial: a esta última opción se comprometió Nación, según reveló el propio Pullaro a la prensa.
Sobre el avance de las negociaciones, Pullaro admitió que habían surgido algunas dudas “en la tercera línea del Gobierno de Milei”, pero que finalmente Francos y Caputo dieron luz verde, y el decreto estaría al caer.
“Tuvimos varias reuniones la semana pasada: la primera fue con Vialidad, y ahí hubo alguna duda con respecto a la cesión de las trazas que nosotros estamos pidiendo y posteriormente tuvimos una reunión con Francos en donde nos ratificó el compromiso de concretarlo. También nos reunimos con el ministro de Economía y tomó el compromiso de sacar un decreto para cedernos esos tramos de las rutas nacionales".
Otro tema vinculado a la concesión de las rutas que va a provocar chispazos es la intención de la Provincia de levantar los peajes municipales que hoy se cobran en esas rutas, que están en estado calamitoso. Enrico advirtió que planean establecer un sistema único para cobrar peajes e ingresos a puertos, aunque aclaró que para implementarlo será necesaria una ley.
"No se va a poder mantener el cobro de tasas viales múltiples. Al cambio lo evaluaremos una vez que tengamos la concesión nacional. Hay municipalidades en las que los camiones les pasan por las calles internas, y eso implica que gran parte de ese costo tiene que seguir a esas municipalidades", apuntó.
$196 M en gasoductos
Otra jugosa inversión en obra pública que Pullaro anunció formalmente la semana pasada fue la construcción de 6 gasoductos; 610 km de red gasífera que impactarían en 45 ciudades y en la competitividad de 250 industrias, según difundieron desde la Provincia.
El plan del Gobierno es que en cuatro años las líneas troncales lleguen a las puertas de cada localidad, y la inversión calculada para estas obras es de $196.414.502.000.
Según confiaron fuentes del Ministerio de Producción, la primera etapa del plan prevé un desembolso de $65.700 M, que será financiada por fondos genuinos de la Provincia. Para las etapas posteriores, la idea es buscar otras fuentes de financiamientos en el sector privado y en el exterior.
Una ley para que los privados presenten proyectos de obra pública
La emisión de deuda en el mercado de capitales es uno de los carriles que promueve el Gobierno provincial para hacerle RCP a la obra pública. Otro carril es el proyecto de ley que presentó en la Cámara Alta -y ante representantes de varias cámaras de la construcción- la senadora Leticia Di Gregorio con el aval de Enrico (lo reemplazó en la Legislatura cuando asumió como titular del ministerio).
Básicamente, lo que promueve el proyecto de ley es un Régimen Provincial de Iniciativa Privada, que establece un mecanismo para que las empresas puedan presentar proyectos para ejecución de obras de interés para la producción por su cuenta, como lo hizo la Bolsa en el caso de las obras viales mencionadas en los párrafos precedentes.
Una vez presentados, los proyectos deberán pasar a evaluación del ministerio de Obras Públicas, quien define la admisibilidad y todos los términos de la licitación, entre otras funciones. Es decir, a partir de la presentación se seguirían los carriles normales de cualquier proceso de obra pública a cargo del ministerio, con la diferencia de que se le otorgarían beneficios y prioridad a los privados que hayan presentado la iniciativa: por ejemplo, tendrían la posibilidad de igualar la oferta más baja una vez abiertos los sobres y, en caso de no salir adjudicada para la obra, tendrá derecho a percibir el 1% sobre el monto final de la obra, que se descuenta a cuenta del trabajo realizado.
“Hoy la confección de proyectos es un cuello de botella para la Provincia porque hay tanto por hacer que no se da abasto. Ya le han llegado al ministro Enrico ofrecimientos de privados para armar proyectos de complejos habitacionales, rutas y tendidos eléctricos. La normativa le daría cauce a ese aporte, que no tendría costo para la Provincia”, le explicó Di Gregorio a Punto biz.
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