El Gobierno lanzó un nuevo retiro voluntario para empleados estatales

El Gobierno nacional lanzó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con posibilidad de una única prórroga de hasta 30 días, y el esquema contempla compensaciones de hasta 20 sueldos, según la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador.

La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 1203/2026 y, según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hay unos 20.000 empleados en condiciones de adherir. Sin embargo, el acceso está sujeto a una serie de requisitos y exclusiones, mientras que quienes acepten el retiro no podrán volver a ser contratados por el Estado durante ocho años.

Qué empleados pueden adherir

El régimen alcanza a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley 25.164 y a empleados con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Solo abarca a la administración pública nacional centralizada, por lo que quedan excluidos los contratados transitorios y los organismos descentralizados, entre ellos la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Tampoco pueden acceder los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado y del Servicio Exterior, entre otros sectores excluidos por la normativa. Además, los interesados no deben tener procesos penales por delitos contra la administración pública ni sumarios administrativos pendientes que puedan derivar en cesantía, exoneración o perjuicio fiscal.

Otro requisito es desistir formalmente de las demandas judiciales o los reclamos administrativos vinculados con la relación laboral que mantengan contra el Estado. También quedan afuera quienes estén en situación de disponibilidad, tengan una renuncia pendiente de aceptación o se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.

Cómo se calculará la compensación

El monto depende de la edad, los años de servicio y los aportes jubilatorios. Para las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62, se contempla el pago de un salario por cada año de antigüedad, con un máximo de 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro sueldos para quienes tengan menos de 15 años de servicio o cinco para quienes alcancen o superen ese período.

En el caso de las mujeres de entre 58 y 64 años y los hombres de entre 63 y 64 que cuenten con al menos 30 años de aportes, la compensación equivale a un salario por cada año de antigüedad, sujeto a los topes previstos en el decreto, más cinco remuneraciones adicionales.

Para las mujeres desde los 58 años y los hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios para jubilarse, el régimen ofrece dos alternativas. Podrán optar por una gratificación única o por cobrar el 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.

Las condiciones para salir del Estado

La adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. La principal restricción posterior es la prohibición de volver a ser contratado en el Sector Público Nacional durante ocho años, una condición que el Gobierno presentó como un mecanismo para evitar el reingreso de quienes reciban la compensación.

La aprobación tampoco es automática. Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazar las solicitudes si consideran que la salida del empleado afecta la prestación de los servicios y tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolverlas. Si no hay aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.