El capítulo que quedó afuera de la ley Ómnibus, punto por punto

Con las negociaciones empantanadas por cuestionamientos al proyecto de ley Ómnibus por parte de los gobernadores y de distintos sectores de la oposición -aún la más amigable-  el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno nacional retiró el capítulo fiscal del iniciativa que se debatirá este martes en la Cámara de Diputados.

“El paquete fiscal esencialmente son estas cinco medidas: blanqueo, moratoria, adelanto de Bienes Personales, Ganancias y retenciones. Puede incluir también el cambio de la fórmula jubilatoria”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa que se desarrolló este viernes en Casa Rosada.

Si bien el Impuesto a las Ganancias era una propuesta independiente a la denominada ley Bases, el jefe del Palacio de Hacienda la incluyó en el freezer. Se trata de un cambio que esperan los gobernadores porque es una imposición coparticipable, a diferencia de las retenciones, que van a parar exclusivamente a la Nación. 

Con tal esquema, lo que queda afuera del paquete son los siguientes tópicos: 

- Blanqueo de capitales: Permitía declarar hasta u$s100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Preveía la adhesión al régimen del blanqueo los residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre (que estén o no inscriptos como contribuyentes ante la Afip) y los sujetos no residentes por sus bienes ubicados en la Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina.

- Retenciones: Según el artículo 200 de la mencionada iniciativa, los productos que actualmente tenían derechos de exportación pasarían a tributar un 15%. Era una lista que ya había sido podada en el marco de las negociaciones.  En ese punto quedaban alcanzados productos de economías regionales que no tenían esa presión impositiva o que bajaron a 0% en septiembre del año pasado por una decisión del por entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Entre los cultivos centrales, afectaba con un 15% al trigo, maíz y cebada, y le subía dos puntos porcentuales a los derivados de la soja (del 31% al 33%)

- Moratoria: El proyecto planteaba un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. “Se prevé la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren”, señala el texto que ahora será eliminado. Además, la iniciativa proponía condonar el 50%, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios si el contribuyente se adhería antes de los 90 días desde la entrada de vigencia del régimen y pagaba al contado; si se adhería antes de ese plazo, pero paga en un plan de facilidades, si se adhiere a partir del día 91, respectivamente.
-Bienes Personales: Una de las modificaciones que planteaba la norma en debate era la eliminación del diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior. En los últimos años rigió una tabla especial, con un tributo más caro por los bienes que están fuera del país. Según la iniciativa, todo el patrimonio quedaría alcanzado por igual en cuanto al nivel de la imposición, con alícuotas que van desde el 0,5%, para quienes tengan activos valuados en no más $13.688.704, hasta el 1,5% sobre el excedente de $456.290.138 más un fijo de $5.389.927, si se tienen bienes gravados valuados en más de $456.290.138.

- Fórmula jubilatoria: se suspendía movilidad y se facultaba al Poder Ejecutivo a establecer una nueva modalidad para el cálculo de los reajustes periódicos y automáticos, con la única indicación de que se tengan en cuenta “criterios de equidad y sustentabilidad económica”. Mientras no esté dispuesta una nueva fórmula, agregaba el artículo 106 del proyecto de ley, “el Poder Ejecutivo nacional podría realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.

- Impuesto a las Ganancias: El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió esta semana al Congreso para modificar el impuesto que pesa sobre los ingresos personales prevé, finalmente, un piso de ingresos para empezar a tributar de $1.250.000 (remuneración bruta), que equivale a un sueldo neto de $1.053.291, en el caso de un empleado o un jubilado sin deducciones por familia. Así perdurará la reforma dispuesta a fines del año pasado en campaña electoral por el ex ministro de Economía Sergio Massa, que benefició a los trabajadores en relación de dependencia con mejores ingresos pero serruchó la coparticipación que reciben las provincias.