EEUU pide que no declaren en desacato a Argentina por YPF

El Gobierno de Estados Unidos solicitó ante la Justicia de Nueva York que no se declare en desacato a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, en un movimiento que introduce un fuerte componente político en uno de los litigios más costosos que enfrenta el país en el exterior.

La presentación fue realizada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde la jueza Loretta Preska tiene a su cargo el expediente. Allí se tramita el pedido de los fondos demandantes para que se declare a la Argentina en desacato por supuestos incumplimientos en la entrega de documentación en el marco del proceso judicial.

El pedido de los fondos y la respuesta de Washington

Los demandantes -entre ellos el fondo Burford Capital- impulsaron un planteo para que el tribunal aplique sanciones al Estado argentino, al considerar insuficiente la información aportada durante la etapa de “discovery”, el proceso de intercambio de pruebas previsto por el sistema judicial estadounidense.

Frente a ese escenario, el Departamento de Justicia norteamericano presentó un escrito en el que advierte que declarar en desacato a un Estado extranjero podría generar implicancias en materia de política exterior y afectar principios vinculados a la inmunidad soberana.

El argumento central es que las sanciones contra un país aliado deben evaluarse con extrema cautela, dado el impacto que podrían tener en la relación bilateral y en otros litigios internacionales donde Estados Unidos también invoca inmunidad.

Una sentencia multimillonaria

El conflicto se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control mayoritario de la petrolera. Años después, el tribunal de Nueva York dictó una sentencia que condenó a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la forma en que se llevó adelante el proceso.

Desde entonces, el país apeló la decisión y busca limitar los efectos de la ejecución. Los acreedores, por su parte, avanzan con distintas estrategias para garantizar el cobro, incluyendo pedidos de acceso a información y posibles embargos.

La eventual declaración de desacato podría haber abierto la puerta a nuevas sanciones económicas o medidas coercitivas, lo que elevó la tensión jurídica en las últimas semanas.