Por Redacción
La empresa que produce fitosanitarios había entrado en default en diciembre.
Después de Sancor y Los Grobo, Surcos, la firma de insumos para el agro que acumula un pasivo superior a los u$s100.000 millones.
En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la empresa justificó su decisión y detalló que el concurso de acreedores "permitirá lograr la sustentabilidad de la deuda incurrida por la Sociedad, tanto en términos de volumen como de costo y, de este modo, continuar con las operaciones de la Sociedad, lo cual representa una oportunidad para reorientar el negocio de manera sostenible a largo plazo, generar una oportunidad para atraer inversión productiva destinada al crecimiento de sus operaciones, todo lo cual redundará en beneficios para todos los actores relacionados con el negocio de la Sociedad, incluyendo a sus acreedores y empleados, entre otros".
En rigor de la verdad es que a partir de los embargos que pesan sobre las cuentas de Surcos, hoy la compañía solo puede pagar salarios y eso la pone en un estado de prácticamente liquidación. En concreto, un proveedor comercial interpuso un reclamo que derivó en el embargo de cuentas bancarias y la inhibición general de bienes. Posteriormente, el Banco Galicia notificó la existencia de un nuevo embargo sobre las cuentas bancarias de la compañía por parte de un acreedor financiero. Es por ello que la apertura del concurso de acreedores era un paso lógico que debía tomar para intentar salir a flote.
En este marco, la semana pasada Surcos anunció que había contratado a Columbus IB como asesor financiero exclusivo, con el objetivo de asistir en el proceso de reestructuración de su deuda financiera.
La empresa cayó en default a principios de diciembre, cuando no pudo afrontar dos vencimientos de pagarés bursátiles: uno por u$s3,5 millones y otro por más de $930 millones. Luego, el 23 de diciembre, informó que había sido embargada por u$s5,5 millones, más otros u$s2 millones en concepto de intereses. Un día después, la Justicia de Santa Fe dictó una nueva inhibición general de bienes y un embargo judicial por $21 millones, a raíz de una demanda de Finlatina por una deuda de $50 millones.
El 13 de enero, la compañía tampoco pudo realizar el séptimo pago de ON por u$s69.025, y el 20 de enero dejó impago otro vencimiento de u$s4 millones. Ahora se sumaron casi $300 millones.
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