Claves la licitación de la Hidrovía, un negocio que mueve más de u$s12.000 M

La licitación de la hidrovía volverá a ser de concesión privada. Se trata de la vía navegable del Paraná y el Río de la Plata por donde circula el 80% del comercio exterior argentino y parte de las cargas bolivianas, brasileñas, paraguayas y uruguayas. El contrato que surgirá de esta licitación supone un negocio de más de u$s12.000 millones en treinta años, y a su vencimiento podría renovarse por igual período. Este miércoles, se llevará adelante la primera apertura de sobres para revelar las ofertas de los aspirantes a la concesión de la Hidrovía. 

Las primeras quejas tuvieron origen en el plazo otorgado para presentar ofertas: 55 días hábiles contra los 176 de la anterior licitación de 1993. Y gran parte de ese lapso corrió durante la feria judicial del mes de enero. La respuesta de la administración Milei fue extenderlo solo 10 días hábiles, hasta el 12 de febrero, fecha hasta ahora inamovible a pesar de los múltiples pedidos de prórroga.

Los primeros reclamos formales comenzaron en diciembre con las notas enviadas por la dragadora belga Dredging International NV Sucursal Argentina (Deme) y la danesa Rhode Nielsen. En ambos escritos se acusó al gobierno de direccionar la licitación al actual operador, Jan De Nul, y se solicitó la nulidad del pliego junto a la urgente modificación de sus términos y condiciones.

Días atrás, la brasileña DTA Engenharia publicó un comunicado asegurando que la licitación contiene “requisitos técnicos inusuales e incompatibles para favorecer al actual concesionario”. Incluso fue más allá al señalar que “los requisitos aparentemente fueron elaborados por la propia Jan De Nul, comprometiendo la transparencia y la competencia del proceso de licitación”.

Qué dicen los usuarios

La primera queja de los usuarios de la hidrovía llegó por un escrito conjunto entre la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Actividades Marítimas y Portuarias. Le pidieron a Iñaki Miguel Arreseygor, flamante Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, que se cambie la fórmula polinómica del sobre 3, para aumentar el peso de la oferta económica y una prorroga en la fecha de apertura de sobres para efectuar más cambios en el pliego.

Desde la Cámara de Exportadores de la República Argentina (Cera) cuestionaron la extensión del contrato que es a 30 años con opción a prorroga por otros 30 años. “Esto es inexplicable, una concesión de entre 10 y 20 años es razonable, ir a un plazo tan extenso es pasar por encima del cambio tecnológico que va a ocurrir sí o sí”, destacó Fernando Landa, titular de la Cera.

El Consejo Portuario Argentino (CPA) cuestionó el pliego por ser “lesivo para los usuarios, las administraciones portuarias, la navegación, el sistema económico federal, el ambiente y la ciudadanía”. También anticipó “potenciales impugnaciones y daños al fisco por las inconsistencias procedimentales y hasta constitucionales observadas”.

El CPA insistió con definir un sistema de navegación fluvio marítimo con las mejores condiciones técnicas para la navegación, seguridad, trazas y profundidades eficaces y ambientalmente sustentables.

La Junta Directiva de Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Daniel Funes de Rioja, en base a un informe confeccionado por sus equipos técnicos resaltó la “necesidad consolidar una tarifa de peaje competitiva en términos regionales e internacionales”.

Los legisladores pidieron cambios en el pliego

Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Stella Maris Olalla, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, senadores nacionales por las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe respectivamente le aportaron a Guillermo Francos ocho cambios al pliego.

Entre ellos figuran el fraccionamiento por tramos de la concesión, la reducción del término del contrato a 10 años, y priorizar la ruta por el Canal Martín García, Paraná Bravo, Paraná Guazú, Brazo Talavera debido a sus menores costos de dragado y su mayor sustentabilidad ambiental. La recomendación incluye revisar los criterios de antecedentes técnicos de los oferentes para fomentar una participación más amplia.

La Hidrovía está en manos del Estado desde 2021, cuando venció el contrato con Jan de Nul, que siguió trabajando como contratista. (Foto: Ministerio de Transporte)

El 23 de enero el Diputado Nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica ARI) solicitó la convocatoria urgente y conjunta de las Comisiones de Transporte y la de Intereses Marítimos con el fin de citar a los funcionarios del Ejecutivo a cargo de esta licitación.